Sandra Xinico Batz
De enero a septiembre de 2020, el Observatorio Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala ha registrado 77,847 embarazos en adolescentes entre 10 a 19 años y de enero a julio se registraron 30,020 nacimientos, también provenientes de niñas y adolescentes en ese mismo rango de edad. Datos del Ministerio Público evidencian que 1,520 padres biológicos han embarazado a sus hijas, en lo que va del año. El INACIF en 2019 realizó 4,070 evaluaciones por delitos sexuales a niñas y niños de 0 a 14 años y tan sólo en enero de 2020 ya había realizado 347 reconocimiento médicos (Prensa Libre, febrero 2020).
De enero a mayo ya se habían reportado 1,780 niñas, niños y adolescentes como desaparecidos, de los cuales hasta entonces 491 aún no habían sido localizados (Diario La Hora, mayo 2020). Según información del Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), “de cada Q100 asignados al subprograma presupuestario, específicamente destinado a enfrentar la crisis por la pandemia, solo 32 centavos están destinados a IPNA directa… es decir a inversiones relacionadas directamente con los niños, niñas y adolescentes” (Comunicado de Prensa, ICEFI, julio 2020).
Podríamos continuar con los datos, que únicamente muestran un pedazo de la realidad agobiante que vive la niñez en Guatemala, un país en el que la principal causa de mortalidad infantil es la desnutrición y 1 de cada 2 niñas y niños padece de desnutrición crónica. Estamos describiendo al país que ocupa el primer lugar en Latinoamérica en desnutrición infantil. “La inversión pública directa para este grupo poblacional [niñez y adolescencia] se aproxima a Q8.90 diarios por cada niña, niño, adolescente… Guatemala invierte alrededor del 3% del PIB en la niñez, pero debería estar invirtiendo al menos del 8%” (José Monzón, estudio ICEFI, 2019).
La situación de la niñez empeora año con año. La brecha de desigualdad se ha agudizado aún más con la pandemia; el proceso educativo se ha quedado estancado para miles de niñas y niños que no tienen acceso a internet y otros recursos tecnológicos para la modalidad “en línea” adoptada por el Covid-19.
El Estado no solo no protege la vida, sino que atenta contra ella, como lo ocurrido el 08 de marzo de 2017 cuando fueron asesinadas 41 niñas que necesitaban de su protección; el Estado era en ese momento el responsable de resguardar sus vidas. Fueron quemadas; por años torturadas y explotadas sexualmente. Hasta hoy esto continúa impune.
Durante el Conflicto Armado Interno más de 5 mil niñas y niños fueron desaparecidas y desaparecidos; aún se desconoce su paradero. El Estado continúa obviando su responsabilidad en ello.
En el 2018 Guatemala era el único país de Centroamérica que se ubicaba entre las peores naciones para las niñas y los niños ya que sus condiciones de desigualdad e injustica provocaba la pérdida de la infancia.
La explotación infantil en las fincas de café y en otras actividades de agroexportación son formas de esclavitud vigentes en Guatemala.
