Jorge Santos
El artículo 35 de nuestra Constitución establece que «es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. (…) No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. (…) Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.” Tal y como hemos visto el desenvolvimiento de las autoridades que asumieron a inicios de año, la libertad de expresión de la ciudadanía y en particular de las y los periodistas y comunicadores sociales les produce escozor y malestar profundo.
Como todo buen autócrata el Presidente Giammattei, dando continuidad a los planes del Pacto de Corruptos ha intentado por diversos medios limitar, obstaculizar y hasta impedir la libre expresión y es evidente que no le gusta en absoluto la posibilidad de que existan medios de comunicación independientes. Desde su llegada, el comportamiento hacia los medios y hacia las y los periodistas fue abusiva y prepotente, en una clara evidencia del desconocimiento de muchos hechos o incluso la pretensión de ocultar otros. El Presidente ha utilizado todos los medios para limitar la libertad de expresión, que van desde las medidas coercitivas más tradicionales hasta los medios de represión más burdos.
Estas medidas van desde el uso de la contratación o no de pautas por parte de las instituciones públicas del Organismo Ejecutivo con el fin de ahogar financieramente a determinados medios de comunicación o bien cooptarles para generar así una censura previa, pasando por la lamentable llamada al medio y presionar o referir que tal o cual artículo de determinado periodista no fue del agrado, hasta los actos de vigilancia, seguimiento y la ejecución de operaciones de inteligencia militar para producir criminalización, escarnio público y hasta terror entre quienes ejercen la libertad de expresión y con ella dan vida a la democracia.
Todas estas medidas se han concretado en los procesos de difamación, estigmatización con fines intimidatorios que realizó el presidente en conferencias de prensa antes de la pandemia, o las alusiones vulgares y peyorativas en contra de comunicadores sociales en cadenas nacionales, son tan sólo la demostración clara de su incomodidad de vivir en democracia. Esta agresión realizada hacia las y los periodistas independientes, se convierten en la legitimidad que otros actores vinculados a estructuras de poder corruptas, impunes o con vínculos con el crimen organizado se sientan con la posibilidad de agredir directa y físicamente a comunicadores sociales que documentan acciones de lucha y resistencia de las comunidades y de los Pueblos.
El grave problema con esto, no es sólo lo insoportable y la falta de credibilidad presidencial que resultan de estos hechos, sino que son el mayor síntoma del agravio que se comete contra la democracia y con ello la posibilidad de la instauración de un régimen violento, corrupto e impune.
