Oscar Clemente Marroquín
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Al participar desde su condición de enfermo en un foro organizado por empresarios para hablar de la reactivación económica del país y de la generación de nuevos empleos, el presidente Giammattei escuchó cómo se pedía certeza jurídica para asegurar que la reactivación económica pueda avanzar más rápidamente para atraer mayor inversión, tanto local como extranjera. Al intervenir, el gobernante dijo lo siguiente: “Vamos a requerir el concurso empresarial, reglas claras y un concepto de Cortes que entiendan que hay que favorecer el cambio a la industrialización haciendo que los proyectos eléctricos puedan llevarse a cabo”, en lo que me parece una terrible barrabasada porque debe saber el doctor Giammattei que las Cortes deben estar simple y sencillamente para aplicar correctamente la ley al administrar justicia, no para favorecer determinadas acciones sean o no ilegales.
Existe un procedimiento específico para la autorización de los proyectos eléctricos y eso pasa por cumplir con toda una serie de requisitos técnicos y ambientales, además del respeto a las comunidades que se establece mediante el proceso de consultas debidamente regulado. Si se cumplen todos esos pasos las Cortes no tienen vela en el entierro y, dado el caso de oposiciones que llegaran a la instancia judicial, simplemente al probarse ese cumplimiento el fallo por supuesto que debe ser desestimando las oposiciones infundadas.
Pero si sucede, como en este país suele ocurrir, que hubo en el trámite del expediente mano de mono y mediante sobornos o prebendas se produce la autorización sin cumplir los pasos y requisitos de ley, es obvio que el tribunal tiene no solo la facultad sino la obligación de resolver suspendiendo la actividad cuestionada en tanto no se llenen esos requisitos legales. Tan sencillo como eso, porque de un soborno no se puede derivar ningún derecho reclamable y es absurdo que tras probarse la corrupción en el trámite todavía se reclame un derecho adquirido. El caso TCQ debe ser visto como uno de los ejemplos más grandes de la aberración de un derecho surgido del soborno a un presidente de la República.
Con razón quieren elegir a las Cortes de Alejos porque esas, sin duda, “entienden que hay que favorecer el cambio a la industrialización haciendo que los proyectos eléctricos (entre otras cosas) puedan llevarse a cabo” sin que importe cómo fue que se tramitaron en el asquerosamente podrido ministerio de Energía y Minas donde, según se sabe, muchos de esos proyectos y los de minería tienen la vía expedita una vez cumplan con aceitar debidamente a las autoridades encargadas.
Es un contrasentido hablar de certeza jurídica y al mismo tiempo de Cortes que deben olvidarse del derecho para “entender” que se otorguen licencias para hidroeléctricas aún y cuando no se hayan cumplido los requisitos de ley. Certeza Jurídica es la correcta y exacta aplicación de la ley sin otro tipo de consideraciones. El Presidente debió decir que hace falta que las autoridades de Energía y Minas entiendan la importancia de esos proyectos para dejar de pedir sobornos y asegurar que todas y cada una de las licencias cumplan con los requisitos. Pero pedir que las Cortes se hagan de la vista gorda de esas prácticas es cínico e inaceptable.
