Adolfo Mazariegos

Politólogo y escritor, con estudios de posgrado en Gestión Pública. Actualmente catedrático en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y consultor independiente en temas de formación política y ciudadana, problemática social y migrantes. Autor de varias obras, tanto en el género de la narrativa como en el marco de las ciencias sociales.

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Adolfo Mazariegos

Hace algunos años publiqué un par de sencillos artículos en los que abordaba brevemente el tema de la institucionalidad de los partidos políticos en Guatemala. Hoy, sin pretenderlo, he dado con aquellos olvidados textos, y, dada la evidente crisis actual del sistema político guatemalteco y la prácticamente inexistencia de nuevos y verdaderos líderes en los partidos con que hoy día cuenta el país (decir “cuenta”, quizá sea un recurso puramente retórico. Y no estoy dudando de que existan personas preparadas y capaces de realizar tales menesteres), oportuno resulta retomar dicha temática, reparando en la situación y realidad de dichas organizaciones cuya cuestionada institucionalidad, tanto hoy como cuando escribí de ello años atrás, sigue siendo tema de necesaria, seria e imperante discusión de cara a futuros procesos electorales. ¡Nada como ver las cosas con suficiente tiempo y antelación! En virtud de la actual coyuntura y de la importancia y trascendencia para un sistema político como el guatemalteco, -dicho sea de paso-, este pareciera seguirse asentando de forma acelerada en eso que la ciudadanía ha rechazado tanto y que muchos (incluso “políticos” en ejercicio) han dado en llamar la vieja política, a pesar de los ofrecimientos e insulsas reiteradas promesas de cambio. Veamos: de conformidad con el artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, un partido político es “una organización política” que, constituida legalmente e inscrita en el Registro de Ciudadanos goza de la calidad de “Institución de derecho público” (véanse también los artículos 16 y 17). La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, indica que una institución es una organización que goza de respeto por su quehacer, porque crea, porque propone y porque además perdura en el tiempo. Un partido político tiene responsabilidad jurídica, lo cual le permite hacer valer sus derechos pero al mismo tiempo le obliga a cumplir con un marco jurídico determinado (el deber ser). A nivel teórico, y visto en la práctica como algo ideal, un partido político es el intermediario entre la población y el Gobierno en el cual, mediante un proceso de elecciones, se ha delegado la dirección del Estado. En otras palabras, idealmente, los partidos políticos son vehículos a través de los cuales puede coadyuvarse a mejorar diversas áreas de la vida cotidiana de un país, más allá de los fines personalistas y clientelares que suelen ser ya una suerte de costumbre nefastamente arraigada en el sistema político guatemalteco (sin mencionar la corrupción y el aparecimiento de actores que han cambiado drástica y negativamente el escenario político del país). Es innegable, por tanto, que esa institucionalidad que debiera caracterizar a los partidos políticos guatemaltecos resulta casi inexistente (o inexistente, sin el casi). La mayoría de los partidos guatemaltecos se han caracterizado, principalmente, por un patrón de búsqueda de objetivos cortoplacistas, de índole personal y no de un verdadero proyecto integral de país […]

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