Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

Se ha iniciado el segundo mes de la reapertura económica que se vive en Guatemala, la cual inició el pasado 27 de julio, cuando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lanzó el Sistema de Alertas Sanitarias para la atención de la epidemia del Covid-19 que da paso a esa gradual reactivación. Este sistema, conocido popularmente como el semáforo epidemiológico que se basa en cuatro colores (rojo, anaranjado, amarillo y verde), contempla varias prohibiciones y regulaciones para el desarrollo de actividades.

Este administrador de actividades, establece que para efectos de transporte público, si un determinado municipio se encuentra en alerta anaranjada, el mismo, podrá contar con transporte público con un máximo de 50% de su capacidad de pasajeros por unidad.

Aún y cuando la mayoría de municipios del Departamento de Guatemala se encuentran aun en alerta roja, ya existen mesas de trabajo mediante las cuales autoridades y transportistas discuten, los protocolos, las condiciones y las reglas bajo las cuales se prestará dicho servicio, una vez que el semáforo epidemiológico lo permita.

Sin lugar a dudas, la ausencia de transporte público que sirve y atiende a la mayoría de la población, es un desafío para el bolsillo de miles de guatemaltecos, los cuales se ven obligados a no movilizarse o a encontrar otros medios de transporte, más caros o inseguros que repercuten no solo en la economía personal, si no también en la recuperación económica que se pretende lograr para el país.

El precio en el que se prestará el servicio de transporte, la posibilidad de extender subsidios y la forma de hacerlo, la calidad de los buses y su antigüedad, los protocolos de seguridad sanitaria con los que contarán y otro sin fin de preguntas que se encuentran aún sin respuesta, mantienen en vilo la reactivación de un servicio de buses con garantías sanitarias, en donde se seguirá contemplando la depuración de las unidades.

Las pérdidas para el sector privado también han sido millonarias, meses sin trabajar mantienen a la mayoría de empresarios en una precaria situación o ya quebrados y los choferes y ayudantes se encuentran desempleados desde que el servicio se paralizó al inició de la Pandemia.

En un país como el nuestro, no es posible hablar de reactivación económica sin la presencia del transporte público, este sigue siendo el gran ausente cuando hablamos de reactivación. Antes de la pandemia el servicio ya era precario y de mala calidad, en el mismo se centraban las bandas de extorsionistas que enlutaron a muchas familias de pilotos, ayudantes y pasajeros.

Algunas buenas experiencias como el Transmetro de Ciudad de Guatemala deben de buscar ser ampliadas, a manera de dotar a la población de un servicio digno que les permita reincorporarse plenamente a sus actividades con seguridad y sanidad. El reto es enorme, hay más inconvenientes que soluciones pero el servicio es indispensable para miles de guatemaltecos y debemos pensar en ellos.

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