El pasado sábado perdió su batalla contra el Coronavirus el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Amílcar Mejía Orellana, miembro del grupo que a lo largo de este período ha frenado los avances del Pacto de Corruptos que pretende destruir la institucionalidad del país para impedir que se aplique la justicia a los que se dedican al saqueo de la cosa pública.
Desde hace ya años que él y quienes integran ese grupo de juristas con dignidad en la Corte de Constitucionalidad han sido objeto de todo tipo de señalamientos y ataques que se tradujeron en varios antejuicios en su contra, al colmo de que el mismo Ministerio Público se sumó a esa tendencia, aunque minutos después de que se conociera la muerte del abogado Mejía Orellana se publicara una esquela de la Fiscal General “lamentando” el fallecimiento del jurista al que quería ver, por lo menos, removido del pleno de la CC.
En sus últimos días, sufriendo complicaciones serias del Covid-19, fue objeto de brutal acoso cuando se presentó una exhibición personal con la intención de establecer dónde se encontraba, misma que ameritó una contundente respuesta de la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, mientras que los operadores de grupos orquestados en las redes sociales se activaban a la orden de sus amos para propalar toda clase de patrañas. Ni siquiera en su condición de extrema gravedad pudieron respetar al ser humano que libraba una intensa batalla con ese virus que ha cobrado ya tantas vidas.
La muerte de Bonerge Mejía fue recibida con dolor y preocupación por aquellos que creen en el Estado de Derecho y rechazan los avances del sistema de impunidad que se esfuerza por consolidarse mediante el manoseo de la elección de los integrantes de las Cortes. Pero también fue recibida con alborozo por quienes resienten el papel que ha jugado la CC para contener sus planes porque se frotan las manos pensando que esa muerte puede alterar el balance en las decisiones que toma esa Corte que, en cumplimiento de su mandato constitucional, es el obstáculo para esos planes perversos.
Queremos hacer un público reconocimiento al papel jugado por ese destacado jurista que entendió su responsabilidad histórica y que cumplió a cabalidad con su deber mediante resoluciones que sirvieron para desbaratar el denodado esfuerzo que persiste con la intención de garantizar el imperio de la dictadura de la corrupción mediante el establecimiento de un modelo de absoluta impunidad. El Magistrado dejó este mundo luchando por una Guatemala mejor. Será tarea de todos que su labor no quede inconclusa.
