David Martinez Amador

Politólogo. Becario Fulbright-Laspau del Departamento de Estado Norteamericano. Profesor Universitario,, Analista Político y Consultor en materia de seguridad democrática. Especialista en temas de gobernabilidad, particularmente el efecto del crimen organizado sobre las instituciones políticas. Liberal en lo ideológico, Institucionalista y Demócrata en lo político.

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David C. Martínez Amador

Calcular la membrecía de las pandillas en el país es una tarea más que compleja. Hay opiniones conservadoras y laxas. Las más holgadas hablan de hasta 20,000 personas.

Por razones del argumento, supongamos un escenario muy conservador en cuanto a las cifras, no más de diez mil personas en la membrecía de las pandillas. No las coloquemos en Guatemala sino en un país como Holanda que tiene más o menos 17 millones de habitantes. Sin duda, serían la pesadilla de la sociedad y gobierno si al mismo tiempo hicieran desquiciar el transporte público y las pymes. Ni que decir de trasladar esta pesadilla a sociedades como Suecia, Noruega o Dinamarca. Es cierto, en los países nombrados el fenómeno de las pandillas jamás tomaría forma cómo sucede en el Triángulo Norte. Pero una amenaza de tipo asimétrica como esta tiene que reconocerse que es capaz de reducir la viabilidad de cualquier Estado ´normal´.

Durante la última semana las pandillas no han cubierto los titulares de los medios pero si han acaparado mediaticidad. Logran detener órdenes de juez competente para ejecutar traslados, secuestran guardias del sistema penitenciario y amenazan con matarles (al menos fueron 14 guardias secuestrados). De acuerdo a cifras oficiales llegaron a movilizarse más de dos mil efectivos de policía (por suerte, sin que nada sucediera). Y se repite la historia (al menos por dos noches consecutivas).

La pregunta de fondo es: ¿A todo esto es hay solución para la temática de las pandillas? Al momento pareciera ser que la respuesta es un rotundo no.

La situación es extremadamente compleja porque discutir sobre la política social que en esencia lograría eliminar las condicionantes estructurales no hace nada por reducir el impacto que hoy generan las pandillas. Pero limitar la discusión a contener y combatir las pandillas, sin abordar las condiciones estructurales que las generan somete a los Estados a una espiral de guerra casi eterna. No se nos olvide, las pandillas son amenazas de tipo asimétrico, es decir, se encuentran en una posición claramente diferenciada y ventajosa sobre su accionar frente al Estado.

Lo anterior precisamente termina por abrir el debate con respecto a solucionar dicho desfase y dotar al Estado de los instrumentos jurídicos que permitan reducir la asimetría. En administraciones anteriores esa discusión no se había tenido a diferencia de hoy. Además, valga decir que al presente ya existe suficiente evidencia para determinar que no todo combate frontal es exitoso y que tampoco pactar con ellas es la mejor opción. Sin embargo, también hoy ya existe suficiente evidencia para construir un marco jurídico anti-pandillas que permita al Estado alguna viabilidad. Quizá el mote de terroristas salga sobrando en razón que las pandillas no articulan ninguna lógica discursiva-ideológica sin embargo, sus acciones si crean terror en el espacio público.

Pero terroristas o no, hay que reconocer que poco puede hacerse si no existen estructuras carcelarias de máxima seguridad que quiebren las cadenas de mando. Terroristas o no, poco se logrará si los efectivos de policía no están empoderados o carecen de equipo.

La discusión que viene no puede evitar estos puntos.

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