Walter Juárez Estrada
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han prolongado su mandato por maniobras políticas, acordaron una indemnización extraordinaria de varios millones, mas lo que por años han pactado a los 5 años de ejercicio, que un abuso, cuando en plena crisis de la pandemia miles de guatemaltecos están desempleados, los hospitales nacionales saturados de pacientes que luchan por sobrevivir, los médicos que están en primera línea, claman por un salario justo.
Se considera como una dura afrenta que por años los magistrados del alto tribunal de justicia, se embolsen millones de quetzales de indemnización, lo que no esta normado en ley. Es parte del pacto colectivo aprobado por magistraturas pasadas y echan mano a los fondos privativos que llegan ahora a varios millones, producto de los ingresos por las sanciones impuestas por los tribunales a más de 40 personas que han violado en toque de queda y las restricciones que acordó el gobierno en marzo tras conocerse la primera victima del Coronavirus.
El pueblo debe pronunciarse y oponerse a esa indemnización. Si bien es cierto que hay independencia de poderes, el Congreso debe emitir un decreto prohibiendo esa clase de prebendas, cuando los hospitales están desabastecidos de medicinas, el personal que atiende a los contagiados no tiene protocolo de protección adecuada. Cada magistrado al cesar obtendrá una indemnización extraordinaria de mas de 2 millones, además de lo que se ha pactado en el pasado que es de casi dos millones.
Podría ser “legal la indemnización”, pero amoral en los momentos actuales cuando la tasa de desempleo rebasa cifras millonarias y la gente se esta muriendo de hambre y los ha obligado a salir a la calle para implorar ayuda con banderas blancas. Los magistrados de la CSJ, como parte del “pacto de corruptos” fueron elegidos por ex diputados del ex PP. y ex Lider y hasta ahora esta entrampada la elección de los jueces mayores al no acatar el Congreso las resoluciones de la CC.
En torno a la indemnización extraordinaria de los magistrados, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y cualquier ciudadano o entidad, podrían con todo derecho accionar oponerse a esa granjería y no es posible que teniendo cada magistrado un salario de 70 mil quetzales mensuales, más seguro médico y otras prebendas hagan “chinche” los fondos privativos.
El personal que labora en los tribunales del país, reiteradamente ha exigido protección para no ser contagiado y producto de esa irresponsabilidad, varios han sido afectados con la pandemia y algunos han fallecido. El pasado l2 de octubre, cumplieron su período de 5 años los magistrados, pero por el manipuleo en las comisiones de postulación y las sucias maniobras de los diputados, han prolongado su gestión más allá de lo que norma la Constitución y han desacatado las sentencias reiteradas de la Corte de Constitucionalidad lo que ha originado una pugna interna en los órganos de justicia, el Congreso y el Ministerio Publico y cada entidad se lava las manos.
