A juzgar por la iniciativa del gobierno, respaldada por los Alcaldes del país, como que la corrupción se hubiera esfumado en el país y ya se pueden eliminar los controles que se dispusieron en el marco del saqueo inmisericorde de las finanzas públicas. Cierto es que los controles existentes no han impedido que en las Municipalidades y en las dependencias públicas se sigan haciendo adquisiciones que son negocios leoninos que le cuestan a la población un ojo de la cara, pero obviamente la respuesta debiera ser cambiar los mecanismos de supervisión actualmente a cargo de una Contraloría General de Cuentas que es cómplice de la corrupción, y no pensar en suprimir los elementales requisitos que existen en ley y que, al menos para los funcionarios más chambones hasta para robar, les hacen difícil materializar las operaciones que son el objetivo final y casi único de su presencia en la función pública.
El problema de la falta de ejecución no está en los mecanismos de control de la Ley de Compras sino en la incapacidad. Véase cómo el gobierno, con todas las facilidades para comprar en el marco del Estado de Calamidad, no atina a ejecutar el presupuesto simplemente por incapacidad y no por obstáculos legales que desaparecieron en el marco de la pandemia. La mejor muestra de que el problema no está en la normativa de la Ley de Compras y Contrataciones actual la vino a dar esta grave emergencia nacional.
Mientras no reformemos en serio el modelo de rendición de cuentas y tengamos una Contraloría que deje de ser cómplice de la corrupción, no se puede pensar siquiera en una reforma a la Ley de Compras que ya ahora tiene demasiados agujeros que permiten operar a los que tienen suficiente escuela. La Contraloría es un instrumento de represión y punto. Ágil para emitir sanciones en contra de quienes le caen mal al Pacto de Corruptos, como se demostró con la captura por corrupción del Contralor que formuló cargos contra la anterior administración del Ministerio Público, la CGCN es un aparato inútil para realizar realmente correctas auditorías que debieran ser en todo el aparato del Estado y con toda entidad que reciba fondos públicos.
Claro que los Alcaldes piden al gobierno que les ayude a presionar al Congreso. ¿Cuántos Medranos cree usted que continúan formando parte de la famosa ANAM? Desde que se permitió la reelección ad eternum de los Alcaldes los Municipios se convirtieron en reducto de caciques que hacen micos y pericos y a los que molesta cualquier forma de control.
