Jorge Morales Toj
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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala tiene como función esencial la defensa del orden constitucional. Desde la constitución de 1985, la honorable Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel fundamental en la defensa de nuestro orden constitucional y sobre todo, ha sido una fiel balanza para la construcción de nuestra insipiente Estado de Derecho.
A lo largo de la era democrática, la Corte de Constitucionalidad ha sido fundamental en distintos momentos críticos de la historia del país. Podemos enumerar distintas y emblemáticas resoluciones de la CC, pero puedo destacar algunas: Freno al golpe de Estado de Serrano Elías en 1993, el caso de la candidatura presidencial de José Efraín Ríos Montt, candidatura presidencial de Sandra Torres, anulación del juicio por genocidio, candidatura presidencial de Thelma Aldana, candidatura presidencial de Zury Ríos. Todas las resoluciones han sido acatadas y respetadas por todos los actores políticos del país.
Hoy, diversos sectores tradicionales de poder tienen bajo ataque una vez a la Honorable Corte de Constitucionalidad y pretenden una vez más ponerla en jaque y quieren cooptar una de las pocas balanzas de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. El Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tiene bajo fuego cruzado a la Corte de Constitucionalidad y pretenden golpear nuestra democracia.
Si las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no son acatadas y respetadas, estaríamos ante un eminente rompimiento del orden constitucional y estaríamos llevando al país a un Estado anárquico. Eso no le conviene a nadie.
La Comunidad internacional una vez más está expresando su preocupación por la situación que atraviesa el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un Comunicado hecho público El 14 de agosto del presente año expone: “La CIDH urge a cesar amenazas a la independencia de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala”. Expresa la CIDH que “de acuerdo con información pública, el 7 de agosto, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, determinó la presentación de nuevas solicitudes de antejuicio contra magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Mynor Par Usen y Neftalí Aldana Herrera. Según el propio MP, dichas denuncias habrían sido presentadas por los posibles delitos de violación a la constitución, resolución violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato. Lo anterior, “al emitir resolución sobre un asunto en el cual ellos eran inminentemente parte del mismo”.
En su comunicado expresa “la CIDH observa que dichas diligencias ocurren en el contexto de un conjunto de ataques e injerencias contra las personas que se desempeñan como operadores de justicia en Guatemala, el cual se habría agravado en los últimos años”, asimismo expresa: “la Comisión urge al Estado de Guatemala a cesar los actos que representarían severas amenazas la independencia de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abstenerse de promover diligencias de antejuicio basadas en el mero juicio jurídico de las y los operadores de justicia, así como a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH”.
