Adrián Zapata
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“La violencia no es aceptable entre hermanos…”, dijo el Presidente Giammattei en su cuenta de tweeter, al referirse al desalojo de 40 familias que ocupaban la finca Cubilgüitz, en Cobán, y la quema de sus viviendas, hecho ocurrido la noche del sábado. Los propietarios de esa finca, la familia Dieseldorff, señalaron que lo ocurrido es un conflicto entre dos grupos que ocuparon el lugar desde el año pasado.
Por su parte, el Frente Campesino Ixmulew, que agrupa a las principales organizaciones de dicho sector (CUC, CCDA, UVOC y NUEVO DÍA), rechazaron las declaraciones del Presidente, coincidentes con las emitidas por los propietarios de la finca, y señalaron la naturaleza del conflicto, derivado de prestaciones laborales incumplidas por parte de los referidos patronos, lo que derivó en la demanda de los afectados por obtener tierras como compensación por el tiempo laborado. Ha habido negociaciones, pero lo ofrecido por la parte patronal es insuficiente.
La estrategia empresario/gubernamental de querer ubicar la naturaleza del hecho criminal sufrido por esas familias como un simple lío entre campesinos es perversa y malintencionadamente pretende ocultar el tema de fondo: la conflictividad agraria que es producto de la concentración de la tierra en pocas manos y la ausencia de alternativas para los campesinos.
No es extraño que pueda haber conflictos entre campesinos que, en sus luchas por la tierra, se puedan eventualmente enfrentar unos con otros. Lamentablemente, tampoco es extraño que los terratenientes, diabólicamente, utilicen a comunitarios para realizar desalojos extrajudiciales de quienes ocupan sus propiedades.
Los empresarios del agro claman por la criminalización de la lucha agraria y su abordaje mediante acciones penales, como si tal rama del derecho pudiera resolver la naturaleza real de dicha problemática, cuyas raíces históricas y estructurales no se pueden ignorar. Los problemas sociales de tal magnitud no se pueden resolver por esa vía jurídica.
Las imágenes donde las “champas” de los campesinos arden traen al presente los horrores de la tierra arrasada de los años de la contrainsurgencia y de los delitos de lesa humanidad ejecutados por el Estado guatemalteco para aplastar la insurrección social y armada de esa época, justificándola mediante el odio anticomunista que inspiró la contrainsurgencia y la barbarie cometida.
A la conflictividad agraria actual hay que agregar la cada vez más beligerante defensa que hacen los pueblos indígenas de sus territorios y las reivindicaciones que al respecto plantean, algunas de las cuales ya han tenido resoluciones jurisdiccionales que les favorecen.
Todo lo anterior se produce teniendo un gobierno que, además de alinearse con el empresariado del agro en la interpretación de los conflictos por la tierra y por los territorios, no comprende la relevancia que esta problemática tiene en la realidad nacional. Por eso, no duda en eliminar la Secretaría Agraria o en agredir a las autoridades ancestrales mayas de Comalapa.
Pero todavía es tiempo de que Cubilgüitz no sea la antesala del infierno, donde prevalezca la convulsión social en el campo, derivada de la desatención a la conflictividad agraria (sus efectos y sus causas) y de la incomprensión de las reivindicaciones indígenas sobre los territorios.
