Carlos Rolando Yax Medrano
En 2015 se aprobó el Plan Estratégico Usac-2022, que sirvió de antecedente para que el Presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, presentara la iniciativa de ley con número de registro 5010. Tras el dictamen favorable, finalmente, el año pasado se aprobó el préstamo de 120 millones de dólares para la Usac por medio del Decreto Número 3-2019, que deberá ser ejecutado en la Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo.
En general, la infraestructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala es deplorable. Desde problemas con el suministro de agua potable y los servicios sanitarios, hasta problemas de hacinamiento y edificios inhabitables. Sin embargo, fuera del campus central en la capital, la situación es peor. Aunque se supone que tiene presencia en todo el país, estudiantes de Sacatepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Santa Rosa y Escuintla prefieren viajar diariamente desde sus departamentos. Otros, desde Petén hasta San Marcos y desde Huehuetenango hasta Izabal, prefieren mudarse a la capital. Todo porque las condiciones, si se quedan en casa, no son las mejores para estudiar. Este año, como consecuencia del mal estado de la infraestructura digital, el extremo llegó al ridículo de recibir clases por mensajes de WhatsApp.
El espíritu de la ley, el propósito del dinero del Decreto Número 3-2019, es la descentralización y la desconcentración de la educación superior del Estado. Así fue desde el principio, en la iniciativa, hasta el final, en el decreto legislativo. En el artículo 5 se establecen dos condiciones para la distribución de los recursos: la priorización de los centros universitarios departamentales y la creación de centros universitarios que coadyuven a la descentralización de los servicios educativos universitarios.
La distribución de los recursos, no obstante, fue diseñada haciendo todo lo contrario. La Usac pretendió, a través de la manipulación de datos en el Acta 14-2019, desobedecer la ley con un engaño. La Asociación de Estudiantes Universitarios demostró, en la citación al Rector Murphy Paiz en el Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 2020, que a las unidades beneficiarias ubicadas en los departamentos del interior del país se les asignó el 37% del préstamo, mientras que a las unidades beneficiarias ubicadas en la capital se les asignó el 63% del subtotal. Por lo tanto, se debía readecuar la distribución de los recursos.
El 23 de julio pasado el Rector Murphy Paiz presentó una iniciativa de ley de parte de la Universidad de San Carlos para reformar el Decreto Número 3-2019. El proyecto consiste en la derogación del artículo 5 del mismo, donde se establecen las condiciones de priorización de los centros universitarios departamentales y la descentralización de los servicios educativos universitarios. Ahora usa al prestamista, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para hacer presión al Congreso de la República. Ambas entidades se niegan a hacer la readecuación de la distribución de los recursos en el Plan Global de Inversiones.
Al Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, lo mueve el dinero y hace uso de toda clase de artimañas para hacer con él lo que le plazca. Antepone el interés particular al bien común, prefiere negociar en el Congreso de la República que escuchar a los estudiantes y modificar su plan. Los diputados, en su mayoría egresados de la Usac, al respecto deberían considerar una sola opción: no aprobar la iniciativa y procurar la dignidad de casi 100 mil estudiantes fuera de la capital. Es lo mínimo que pueden hacer por su representación distrital.
