Víctor Ferrigno F.
A Carolina Escobar y Paula Barrios, ciudadanas ejemplares y amigas entrañables.
La ruptura del orden constitucional está en marcha, y solamente va a parar si la ciudadanía sale a la calle a defender la democracia y la justicia. Hay que agotar todos los recursos legales de los que disponemos, pero tenemos que tener claro que es en la arena político-social que se dirimirá esta batalla. El Estado democrático de Derecho se construye en la calle, lucha tras lucha, y se ratifica en la Carta Magna. Siempre ha sido así; primero se gesta la voluntad ciudadana, ejerciendo el poder soberano, y luego se convierte en ley.
El Congreso, sin asco, abiertamente desafió a la Corte de Constitucionalidad (CC) y decidió no obedecerla a la hora de elegir nuevas Cortes, incluyendo a candidatos vinculados al crimen organizado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), contrariando la ley, dio trámite a un antejuicio en contra de varios magistrados de la CC quienes, apoyados en la Ley de Amparo, frenaron el antejuicio, pero a los persecutores les valió. La Fiscal General, poniéndole la tapa al pomo, solicitó nuevo antejuicio contra los seis magistrados de la CC, en alianza con varias Cámaras empresariales que, subvirtiendo el orden constitucional, llamaron a desobedecer a la CC. Más claro imposible; estos son los actores de lo que la CICIG llamó Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), y la ciudadanía denomina Pacto de Corruptos.
Este cuerpo criminal, integrado por empresarios venales, políticos corruptos y militares genocidas, ya controlan el Ejecutivo, el Congreso, la CSJ, el MP y el Tribunal Supremo Electoral; ahora pretenden apoderarse de la CC y de la PDH. Su meta es lograr impunidad y hartarse del erario público, sin cortapisas.
Según el ICEFI, la corrupción alcanza el 20% del presupuesto nacional anual (Q 17,500 millones aproximadamente), mientras que la evasión y la elusión fiscal, en 2018, llegó a Q 40 mil millones. Este es el botín mayúsculo que se disputan, y por el cual están dispuestos a matar, en alianza con narcos y banqueros, los peores criminales.
Por su parte, Giammattei, jefe de la clica, está desarticulando la institucionalidad de la Paz, y todo aquello que le estorba. Además, al establecer que cada ciudadano debe velar por su salud ante la pandemia, ha renunciado a su principal deber: “[…] garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, consignado en el artículo segundo de la Carta Magna.
Ya no es tiempo de citar artículos y agotar argumentos jurídicos; ha llegado la hora de la lucha ciudadana, frente a las fuerzas criminales. Hay que ocupar plaza tras plaza, para recuperar cada una de las instituciones que han sido cooptadas, o sucumbir ante la ignominia. La suerte está echada: ellos o nosotros, ciudadanos o delincuentes. Desearía que fuera diferente, pero la historia patria se tiñe de sangre cada vez que el Pueblo se levanta frente a la tiranía.
La ciudadanía empieza a despertar de la modorra y del miedo de las medidas de confinamiento, que se convirtieron en un distanciamiento social que ha impedido que reaccionemos como un movimiento ciudadano actuante y vivo. En varios distritos los diputados han sido declarados non gratos; la mayoría de sectores sociales se pronuncian en defensa de la CC y del PDH; y han lanzado el primer llamamiento para ocupar las plazas, el próximo sábado, a las 15:00 Hrs. En EE.UU. se persigue a políticos corrutos, a banqueros deshonestos y a empresarios criminales, como Acisclo Valladares Urruela, y varios congresistas y senadores apoyan a la CC.
En esta hora aciaga, hay que inspirarse en el aserto del patriota colombiano Jorge Eliécer Gaitán, antes de su asesinato en 1948: “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el Pueblo, y no una multitud anónima de siervos”.
