Víctor Ferrigno F.
En el marco de la peor pandemia y la más grave recesión que vive el orbe, Alejandro Giammattei y el Pacto de Corruptos que le dirige, están reactivando la guerra civil en Guatemala, al exacerbar las causas que le dieron origen y al desmantelar la institucionalidad de la Paz.
El alto al fuego y las negociaciones de paz buscaron una solución negociada a los conflictos socio-políticos y económicos que dieron origen a una guerra contrainsurgente que duró 36 años, y tuvo un costo exorbitante en vidas y recursos.
Lamentablemente, los Acuerdos de Paz sustantivos avanzaron poco, y la institucionalidad de la Paz tuvo logros magros, pero constituyen el único pacto socio-político hacia la democracia y la justicia social, que hemos podido acordar en los últimos 66 años, desde la intervención estadounidense de 1954. Desecharlos, en el marco de una grave crisis, implica incendiar el país.
Más allá de la funcionalidad de la institucionalidad de la Paz, su disolución entraña un crudo mensaje: los costos humanos de la guerra, los esfuerzos de la negociación política, y los Acuerdos de Paz alcanzados con apoyo internacional, quedan anulados o sometidos a los intereses espurios del Pacto de Corruptos.
Si se exacerban las causas que dieron origen a la guerra civil, ésta volverá a imperar, porque los sectores sociales con hambre, los pobres absolutos, los que ya no tienen nada que perder, reclamarán justicia social, y el gobierno responderá con represión y Estados de Sitio. Se reeditará el holocausto que, en 1996, creímos superar mediante Acuerdos de Paz, que ahora se desechan.
Mi previsión no es alarmista, simplemente veo cómo se repiten los fenómenos socio-políticos que marcaron mi vida y la de mi generación. La diferencia es que ahora los estallidos sociales serán anárquicos, sin programa ni conducción política, porque hasta la cúpula empresarial sostiene que vamos hacia una recesión económica nunca antes vista, que generará enormes conflictos sociales, que no podrán ser resueltos civilizadamente en un marco legal, porque el aparato de justicia ha sido cooptado por la empresa criminal más poderosa de nuestra historia reciente.
Los abuelos solían decir que la avaricia rompe el saco, y eso les pasará al criminal Pacto de Corruptos. Deberían recordar que el levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960, que dio origen a la lucha armada, se gestó contra las arbitrariedades y las desmedidas corruptelas del régimen de Miguel Ydígoras Fuentes. Quienes más perderán son los banqueros, los empresarios y los finqueros venales que, buscando impunidad y enriquecimiento ilícito, labran la estaca en la que serán sentados.
Cuando las estructuras criminales se hacen del poder, y desechan la democracia y la justicia, solo pueden gobernar mediante la represión. Ellos creen que, como ocurrió con sus padres, contarán con un ejército obediente que, a sangre y fuego, garantizará su dominio. Se equivocan. He conversado con varios altos oficiales en activo, que ven venir la confrontación, y no están dispuestos a reprimir al pueblo, pues saben que más temprano que tarde serán enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.
La clica que nos domina actualmente tampoco contará con el apoyo de las fuerzas reaccionarias en EE.UU., pues todo apunta a que Trump perderá las elecciones. Además, la brutal recesión que se avecina reducirá la recaudación fiscal, por lo que los fondos públicos se reducirán y la rebatiña se incrementará.
Ahora, sin la CICIG, se sienten impunes, pero no se han dado cuenta que se avecina la tormenta perfecta, en la que confluirá la marea de la pobreza, los vientos huracanados del hambre, el tsunami de la recesión, y cinco siglos de rabia y dolor social acumulados. El estallido viene, ya fueron advertidos.