Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Si algo quedó demostrado a partir del caso La Línea en el año 2015 es que en Guatemala el honesto no tiene cabida y que la vida se le pone cuesta arriba si no acepta las reglas de juego impuestas por esa corrupción que todo lo sujeta al precio de la mordida convertida en palanca facilitadora de los procesos y trámites, al punto que se ha diseñado todo un sistema que gira alrededor de esos fines perversos que se imponen cada vez con mayor cinismo y descaro. Y consecuencia de ello es lo que ahora estamos viendo luego de que la Corte Suprema de Justicia, esa misma que cierra filas para rechazar solo porque sí cualquier antejuicio contra Alejos, acepta sin chistar un procedimiento espurio iniciado para destituir al Vicepresidente de la República, Willy Castillo, quien ha mostrados en estos seis meses y medio que no se alinea con el pacto de los corruptos, razón más que suficiente para que se entienda que él no tiene cabida en medio de las componendas que desde antes del 14 de enero se empezaron a pactar con los grupos más oscuros del país.
Seguro que a estas alturas ya tienen no sólo lista la terna para proponer al Congreso para la elección del nuevo Vicepresidente sino que ya tienen seleccionado a su Alejandro Maldonado para que asuma el cargo listo para tener que ocupar la presidencia en el caso de cualquier eventualidad. Castillo, al no alinearse para participar en encuentros como el de Santo Tomás, evidenció cuál es su postura y su compromiso, lo cual causa enorme preocupación entre quienes valoran en todo lo que significa el precioso aporte que el presidente Giammattei le está haciendo a la causa, sobre todo alineando a la Fiscal General para que se mantenga indolente ante las desobediencias flagrantes a la Corte de Constitucionalidad que, por cierto, por dar trámite al amparo interpuesto por el Vicepresidente será nuevamente objeto de encendidos y violentos ataques de gente que no entiende que la Constitución la obliga a conocer de ese recurso extraordinario para el que no hay ámbito en el que no se deba aplicar.
Desafortunadamente estamos en una situación que nos acerca ya mucho al precipicio porque el orden constitucional depende en todo del respeto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. En el caso de los abusos de Serrano fue la misma Corte de Constitucionalidad la que puso remedio a la situación y finalmente fue el Ejército, cuyo mando inicialmente se había plegado al gobernante, el que se sometió a lo resuelto por el tribunal a cargo de la defensa de preservar ese orden tan necesario para que exista Estado de Derecho.
No cabe la menor duda de las motivaciones que hay atrás de todo este montaje armado para desaforar al Vicepresidente de la República ni de quiénes están atrás de la movida. Basta ver el comportamiento de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia para entender por dónde va la cosa y qué intereses son los que están en juego. Y, por enésima vez, la postura del Ministerio Público vuelve a ser clave para quienes tocan las teclas del pacto porque les mantiene la cancha abierta para que hagan micos y pericos.
