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“El agua es vida y no mercancía”, con estas palabras Bernardo Caal Xol cierra una carta emitida desde la cárcel, al cumplir dos años de prisión política en enero de este año, en la cual manifiesta que el encarcelamiento y represión que está viviendo envía un mensaje a todo el mundo: “el racismo y la forma en que nos quieren oprimir las empresas transnacionales extractivas que mantienen su dinámica en el globo mercantil y que como parte de sus acciones en no respetar la vida, son los efectos del cambio climático que nos tocará vivir a todos los que habitamos este planeta”. Sus palabras reflejan la sabiduría del pueblo q’eqchi’ que reconoce que el agua es invaluable, ya que no se puede medir o cuantificar su valor en dinero, porque su existencia garantiza la nuestra como humanidad; proteger el agua es entonces proteger la vida, que en territorios colonizados como Guatemala significa luchar contra las grandes corporaciones, que con su capital compran leyes, manipulan cortes, mientras el racismo les otorga total impunidad en destruir y asediar a las comunidades que resisten frente a este monstruo llamado extractivismo.
Bernardo Caal Xol se encuentra preso en un momento crítico para este país, en el que los efectos de la pandemia han intensificado el empobrecimiento y la desigualdad. El sistema penitenciario de por sí ya estaba colapsado, sobrepoblado, con múltiples carencias y en estos momentos el riesgo de un contagio por COVID-19 en las cáceles es permanente. Pero hasta la pandemia puede ser beneficiosa cuando se tiene poder pues se ha llegado incluso a aprovechar esta situación para liberar a personas vinculadas con delitos de corrupción, quienes hasta hoy continúan gozando este tipo de privilegios a pesar de ser criminales y de saquear al Estado. Por el contrario, la vida de un preso político estará aún más en riesgo en contextos como el que nos encontramos, ya que es concebido como un enemigo del Estado y de los intereses de acumulación de los ricos (nacionales y extranjeros), lo cual hace que su vida no sea importante de proteger. Sumado a esto, los tiempos en los juzgados se han complicado aún más y esto significa retrasos, recursos y desgastes cuyos costos son pagados quien se encuentra en prisión política y por sus familias que viven junto a ellos, ellas todos los efectos de la criminalización.
Desde marzo Bernardo no ve a su familia y esto hace que aumente la angustia. Su familia no puede visitarlo y cotidianamente deben lidiar con el temor de que él pueda resultar contagiado. Hace unos días fue cancelada por quinta vez su audiencia, donde magistrados decidirían sobre su apelación. El desprecio con que la justicia guatemalteca trata a los pueblos originarios es una muestra del racismo de Estado, que abre sus puertas a las empresas extractivas y con ellos abre paso a la muerte, a la persecución o encarcelamiento de quienes junto a sus comunidades luchan por defender la vida de la naturaleza, cuya lucha beneficia al planeta entero.
