Víctor Ferrigno F.
Alejandro Giammattei y el Cacif son responsables de provocar una matanza, en la que el COVID-19 es un elemento determinante, dentro de un conjunto de factores estructurales. Levantar las medidas de confinamiento sin haber resuelto las carencias sanitarias, económicas y sociales constituye un crimen de lesa humanidad, por el cual tendrán que responder.
Ellos sabían del colapso del sistema sanitario (por corrupción e incapacidad), del hambre provocada, del empobrecimiento creciente, y no hicieron nada relevante para trazar un plan nacional de contingencia, para frenar la pandemia y sus efectos socio-económicos. Los diez programas de gobierno no llegaron o lo hicieron tarde y mal; además, están plagados de corruptelas, como denunció la oposición en el Congreso y, para colmo, el gobierno anunció que ya no seguirán. A los sedientos les dieron hiel a cuentagotas; ahora ni eso.
Esa abulia, esa negligencia, no son nuevas y están perversamente calculadas. Exclusión, hambre, migración y remesas, es el esquema que mejor les ha funcionado, para exprimir al pueblo y minimizar los costos políticos. Empobrecen, hambrean y sojuzgan a la población para que, desesperada, migre al norte, y con sus remesas suplan las necesidades de sus familias, pues la oligarquía, y el Estado que han cooptado, les niegan salud, educación, vivienda, alimentación y trabajo. Del desarrollo ni hablar.
Guatemala es el único país del continente en el que la pobreza, la desnutrición crónica y la desigualdad aumentaron exponencialmente, antes de la pandemia. Hoy día, con el COVID-19, esas lacras se agravan, y no hay ninguna perspectiva de solución.
A este patético escenario estructural, se le agrega la corrupción y la impunidad, que promueven los empresarios venales, los políticos corruptos y los militares genocidas. En 2018, la evasión y la elusión fiscal se estimó en Q 40 mil millones (SAT). Según el ICEFI, la corrupción anual equivale al 20% del presupuesto. En 2018, ascendería a unos Q15 mil 400 millones, equivalente a lo que ganan 430 mil trabajadores agrícolas en un año. Con ese botín, se podrían duplicar los presupuestos de los Ministerios de Educación, Agricultura y Cultura. ¿Se da cuenta de la dimensión del latrocinio, y la cantidad de vidas que se podrían salvar? Por esta razón no contábamos con un sistema de salud básico, que la pandemia hizo colapsar.
Toda esta depredación del erario público no sería posible sin la impunidad que la prohíja. Por ello, de manera tenaz y descarada, sacaron a la CICIG, se apoderaron del Organismo Judicial, paralizaron al Ministerio Público, y ahora quieren controlar a la Corte de Constitucionalidad y defenestrar al PDH.
Para mantener una mascarada democrática, también se apoderaron del Tribunal Supremo Electoral, y la mayoría de partidos políticos recibe fondos del narco. Según el Departamento de Estado de EE. UU., más de 1 mil 400 toneladas de cocaína pasaron por territorio guatemalteco en el 2017, rumbo a Estados Unidos. El valor local de esa droga equivale a 1.4 veces el presupuesto del país. Esa es la dimensión del pacto de corruptos.
Sin resolver todas estas carencias decidieron levantar las medidas de confinamiento, a partir de un sistema de semáforo basado en estadísticas dudosas e inconsistentes, dirigiendo a la población a una matanza anunciada.
Además de la pila de muertos por venir, el empleo y la economía van en picada, previéndose una caída del PIB de entre el 5% y el 9%, lo que constituye la peor crisis en 90 años. Por todo esto, Giammattei es el cuarto presidente peor evaluado del continente, con apenas 30% de aceptación (Mitofski). ¿Terminará su periodo?
En San Lucas Tolimán la gente se alzó y quemó la municipalidad, protestando contra supuestos datos falsos de contagio. Después de la mortandad vendrá el hambre, la protesta y la represión. Ojalá aprendamos de esta pandemia y, de los escombros, construyamos una patria para todos, con justicia, democracia y desarrollo.
