Adrián Zapata
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La comparecencia de Giammattei en la cadena de radio y televisión del domingo pasado no sorprendió a nadie. Ya el liderazgo empresarial había informado a sus agremiados sobre los resultados de su reunión con el Presidente, declarándose satisfechos con lo que diría. Faltó transparencia en dicha conferencia, el CACIF debió haber estado en el podio.
El Comisionado Presidencial, el prestigiado médico Edwin Asturias, tuvo que tragarse sus anteriores palabras, expresadas el pasado 12 de abril, cuando twiteó “Reabrir Guatemala a la actividad económica y comercial en el momento de aceleración de la epidemia de COVID 19 es un suicidio en masa…”. La también honorable y prestigiada Ministra de Salud manifestó su lamentable impotencia y se limitó a pedir que nos lavemos las manos, usemos mascarilla y observemos la distancia social. Gris papel para tan relevante posición.
La reciente alocución de las autoridades de salud pública echándole la culpa a los ciudadanos “irresponsables” por las aglomeraciones ocurridas el día lunes en los mercados, particularmente en la Terminal, es una deleznable actitud oportunista, de querer encontrar en la propia población, el chivo expiatorio que en el imaginario ciudadano, los libere de las consecuencias de sus decisiones. Por eso, sería un júbilo gubernamental que el Congreso no apruebe la prórroga del estado de calamidad, así tendría otro “falso positivo” a quien trasladarle la culpa por el muy probable aumento de los contagios.
No podemos ignorar que aunque resulte fácil decir que la salud y la vida son prioridad ante la economía, esa afirmación, aunque pareciera obvia, carece de suficiente profundidad, más en un país como Guatemala, donde la economía informal prevalece contundentemente y, por lo tanto, en la cotidianidad, el que no trabaja, no come.
Empezar a abrir la economía es una necesidad. Pero es evidente que debe hacerse con una estricta gradualidad y dependiendo de la curva de contagios. Máxime en una realidad institucionalidad como la nuestra, donde el sistema de salud es, estructuralmente, enclenque y ahora ya está colapsado.
Haber abierto el transporte público, aunque sea en ese supuesto cincuenta por ciento, significa, por sí mismo, sin considerar otros factores, el casi seguro incremento de la pandemia. Los empresarios quieren que sus trabajadores asistan a su centro laboral y ya dejar de financiarles, algunos de ellos, el costo del traslado. Total, si se infectan, allá ellos.
La decisión que comunicó el Presidente es una suscripción del darwinismo social, que lo lleva a acoger mansamente las presiones empresariales. Ahora, señores y señoras, ¡sálvese quien pueda!
Los médicos (as) y todo el personal de salud verán que sus heroicos esfuerzos serán insuficientes. Seguirán dando sus vidas, rebasados por la curva de contagios que seguramente se avecina. Poco podrán hacer para contrarrestar los efectos de las decisiones comunicadas por el Presidente.
Ojalá quienes hacemos malos presagios sobre el futuro inmediato estemos equivocados y entre quince días no se confirmen nuestras angustias. La precipitada apertura probablemente sea un bumerang que matará a muchos y terminará golpeando aún más la economía.
