La meridiana claridad con la que el designado Embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, explicó la realidad de nuestro país al iniciar la audiencia de confirmación en el Senado norteamericano es una muestra de que no resulta tan difícil entender por qué nos hemos quedado atrapados en el subdesarrollo, exportando a nuestra gente y facilitando el trasiego de drogas que fluye por los territorios, con o sin Estado de Sitio. Y es que el diplomático hizo ver que en Guatemala es necesario impulsar una lucha seria contra la corrupción y acabar con la impunidad, temas que constituyen el eje de la problemática tan compleja que sufrimos, pero que no se puede enderezar sin ir a la raíz que es esa tolerancia institucional que derivó en el control que los corruptos tienen de los tres poderes del Estado y la lucha tan actual por el tema de la integración de las Cortes, por su impacto en el tema de la impunidad.
En materia de inversión extranjera nos hemos convertido en un país atractivo para los inversionistas piratas porque aquí quien venga con esperanza de que apegándose a las leyes va a lograr licencias, autorizaciones o facilidades se estrellará con un muro infranqueable, mientras que quien venga con chorros de pisto para sobornos, como fue el caso de Puerto Quetzal y de tantas otras “inversiones”, logra todo con enorme facilidad y a punta de dinero establece sus “derechos” que luego tienen que ser consagrados por toda la institucionalidad del país.
No digamos lo que significa la ausencia de justicia real, pronta y cumplida, para alentar la presencia del crimen organizado en el país. Quien se vende con Gustavo Alejos se vende con cualquiera y quienes trafican con drogas o viven del contrabando saben que aquí para ellos no hay castigo mientras sepan aceitar adecuadamente las maquinarias que se necesitan para mantener la impunidad.
Ningún país del mundo tiene futuro sin leyes que establezcan un orden interno que someta a todos los habitantes a su imperio y majestad. Por años nos hemos encargado de destruir el Estado de Derecho, concepto que se usa mucho para alegar cuando los derechos adquiridos por soborno se ven amenazados, pero que no se aplica cuando la misma Corte de Constitucionalidad emite una resolución de la que se burlan todos, empezando por la misma titular de la Fiscalía General de la República.
Queda claro cuál es la visión que la gente sensata tiene de nuestro país y de sus terribles debilidades. Falta que los ciudadanos también la asumamos para exigir la necesaria transformación.
