Cuando fue presentado el último censo, realizado en el gobierno de Jimmy Morales, se formularon serios cuestionamientos porque mágicamente resultó que en Guatemala la población se encogió, es decir que disminuyó el número de habitantes. Para empezar hay que decir que el último censo se hizo en el año 2002 y que de acuerdo a la práctica mundialmente aceptada deben realizarse cada diez años, es decir que llevábamos por lo menos seis años de un atraso que se puede y tiene que imputar a los gobiernos de Colom, que lo debió preparar, Pérez Molina y el mismo Morales.
El censo es una herramienta fundamental para la administración pública y la elaboración de planes de desarrollo y atención a las necesidades de la población y se utiliza, además, como base en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta la incidencia que determinado tipo de problemas tienen en la población. El impacto de los crímenes cometidos en el país bajó mágicamente en tiempos de Morales porque medidos los homicidios por cada 100,000 habitantes resultó una cifra menor gracias a la disminución de la población y lo mismo puede decirse de temas como la desnutrición y la pobreza, mientras que mejoró la cantidad de camas de hospital por habitante debido a la misma razón.
El censo se hizo bajo el gobierno de Jimmy Morales pero en realidad hay que entender que la responsabilidad está en el constante abandono que fue sufriendo el Estado de Guatemala, puesto por completo al servicio de la corrupción y que, por lo tanto, abandonó el cumplimiento de sus obligaciones y fines esenciales. El Instituto Nacional de Estadística no es una isla perdida en el océano de la mediocridad e incapacidad sino parte de ese sistema pervertido y por lo tanto también en los recursos para el censo hubo mano de mono y el dinero fue mal utilizado teniendo como resultado un mamarracho que ahora está pasando factura porque no podemos ni siquiera medir con relativa precisión el avance de una pandemia ya que carecemos de cifras correctas para hacer las proyecciones en cuanto al avance de la enfermedad.
Somos un país de trinquetes e improvisación y eso no ha cambiado en absoluto. Al contrario, esta emergencia se convierte en una especie de arca abierta que se sigue administrando con la misma ausencia de mecanismos de auditoría en la Contraloría de Cuentas más el desinterés que ahora hay en el MP por los casos de corrupción. Un Estado donde cada quien se dedica a ordeñar el erario es y tiene que ser fallido.
