Sandra Xinico Batz
La criminalización es parte de una estrategia de desmovilización y amedrentamiento hacia las comunidades indígenas, para desgastarlas y frenar sus luchas. El Estado pone a disposición de las empresas extractivas la institucionalidad, para presionar y limitar los derechos de quienes accionan y se organizan para defender su territorio. La complejidad de la lucha por el territorio radica en que no se trata sólo del espacio o de la tierra en sí misma, sino de todo lo que este significa y engloba para la cosmovisión de los pueblos originarios, que han sido los principales guardianes de la biodiversidad del planeta, cuyo relacionamiento con el entorno ha sido fundamental para su soberanía alimentaria y esencial en la autosostenibilidad, lo cual es contraproducente para el sistema capitalista que acumula a través de la devastación y el despojo.
Guatemala es un país colonizado en el que impera la injustica, la desigualdad y la exclusión; esto hace que sea un paraíso para los países colonizadores, que invaden constantemente los territorios de pueblos originarios sin oposición de los Estados porque el racismo le otorga el poder de decidir sobre la tierra, no para protegerla sino para explotarla y cederla por una miseria. El extractivismo es uno de los mecanismos de despojo y sometimiento que se mantiene desde la invasión española; al mismo tiempo que se explota la tierra, también se explota a quienes por unos cuantos quetzales venden su mano de obra para hacer el trabajo duro. Todo esto para sostener el modo de vida de los países “desarrollados” cuyos ciudadanos muy pocas veces se percatan de que el costo de su estilo de vida lo están pagando los pueblos indígenas del mundo y lo están pagando con su vida o su libertad.
Bernardo Caal Xol ha estado preso por más de dos años, su delito en un país racista como este ha sido defender el agua, los ríos, su territorio. Él es el rostro visible del pueblo q’eqchi’ que luchan por la vida, no sólo humana sino también el derecho de la naturaleza a que se respete su dignidad. En noviembre de 2018 fue sentenciado a una condena de siete años y cuatro meses, que fue resultado de un proceso judicial lleno de inconsistencias que aún sin evidencias reales lograron culparlo de delitos que no cometió, pero que tiene una intención contundente en hacer llegar el mensaje a las comunidades que resisten y luchan contra el extractivismo, de que la criminalización es real y es más que un riesgo, porque decenas de personas siguen siendo perseguidas y acosadas por las empresas con apoyo del Estado, con consecuencias terribles como los asesinatos de lideresas y líderes.
El caso de Bernardo evidencia que las leyes funcionan para beneficiar a los ricos y poderosos, que son quienes en realidad controlan el Estado; su encarcelamiento no sólo es injusto sino que evidencia la manera de operar del extractivismo voraz, que deshace la comunidad para que no haya oposición o resistencia ante sus proyectos de muerte.
