En el desesperado esfuerzo por elegir las cortes amañadas por Gustavo Alejos, el vicepresidente del Congreso utiliza un argumento de Perogrullo diciendo que no pueden dejar afuera a ninguno de los postulados porque eso violaría la presunción de inocencia. Pero resulta que nadie está diciendo que los metan presos ni que los etiqueten como delincuentes, sino simple y sencillamente que se elija conforme a la Constitución con base en capacidad, idoneidad y honradez, calidad que no pueden acreditar los que hicieron romería al lugar donde estaba “preso” Gustavo Alejos para pactar la forma en que se iban a elegir Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia debidamente amañadas.
No hay atentado contra la presunción de inocencia porque nadie está diciendo aún que tienen que ser condenados por tráfico de influencias o cualquier otro delito. Simplemente se ha acreditado con pruebas que no poseen esos atributos que son requisito INDISPENSABLE para la elección de los funcionarios públicos encargados de la administración de la justicia. Hoy por hoy nadie está etiquetando como delincuentes a los que hicieron la romería y aparecen en los listados de Alejos, lo cual no quiere decir que tras un proceso no puedan ser condenados por acciones delictivas. Hoy por hoy es únicamente de cumplir con lo que manda la Carta Magna y en ese sentido es indispensable que se haga la evaluación con base en los criterios expresamente exigidos.
Supuestamente la capacidad se puede acreditar con notas académicas y experiencias de vida. La idoneidad y honradez, en cambio, jamás se podrán acreditar para aquellos que para asegurarse la elección a alguna magistratura le vendieron su alma al diablo, literalmente hablando, comprometiéndose a ser instrumentos de impunidad en vez de ser los administradores de justicia que una sociedad necesita.
Los obispos reclamaron ayer por la no elección de las Cortes y por el manoseo que se hace de la institucionalidad y de la separación de poderes. El Congreso ha decidido ignorar un fallo de la corte, apañado por la eterna vigilante y amiga tan querida del Presidente Giammattei, lo cual ha facilitado ese rompimiento del orden establecido. No es función del Congreso decidir si una orden de la CC es legal o ilegal. Las órdenes judiciales simplemente se cumplen porque si no caeríamos en una anarquía total. Que tal sería que alguien invada una propiedad ajena y cuando se le ordena salir, se resiste diciendo que la orden es ilegal y que no tiene por qué cumplirla, criterio peregrino que echaría por tierra el Estado de Derecho y la Certeza Jurídica.
