Juan Arnoldo Borrayo Solares*
En Guatemala, el actual gobierno que apenas tomo posesión hace 6 meses, está al mando de un médico que está haciendo todo lo posible por enfrentar una enfermedad totalmente desconocida mundialmente. Esfuerzos que se complican en nuestro país que históricamente ha tenido un sistema de salud abandonado y con ausencia de políticas públicas sociales y económicas para atender a un 60 % de la población perteneciente a los estratos sociales conocidos como “D y E”, que vive en pobreza y extrema pobreza en áreas marginales y rurales deplorables carentes de viviendas dignas, sin agua, sin drenajes, sin educación de calidad y con evidente desnutrición. Para colmo, azotada por la violencia y la extorsión sufrida por guatemaltecos que buscan sobrevivir en la economía informal, o trabajando en empresas que explotan al trabajador y pasando penas haciendo uso de un transporte público urbano y extraurbano altamente deficiente y desordenado e inseguro. Tierra fértil para el incremento de contagios y niveles de mortandad. Me atrevo a plantear la hipótesis que del número alarmante de contagios y muertes, un alto porcentaje corresponde a estos estratos sociales.
Después de varios meses de sufrir los estragos de la enfermedad y las medidas extremas de confinamientos, cuarentenas y toques de queda, se discute el regreso a la llamada “nueva normalidad”. Lamentablemente, se percibe de forma muy simplista, circunscribiéndola a reabrir la economía cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas para evitar el contagio y propagación del virus. Parece que la consigna es: aprender a convivir con la enfermedad, tratar a los contagiados, resignarnos a la muertes y tener la esperanza que el guatemalteco sea responsable de su propio cuidado dentro y fuera de la casa. El problema es el ciudadano perteneciente a los estratos sociales indicados, que puede comprender la situación, pero le es extremadamente difícil cumplirlas, principalmente el “quedarse en casa”. No cabe duda que el impacto de la pandemia está cobrando factura a un modelo económico neoliberal, con el cierre y quiebra de todo tipo de empresas. El enfoque miltoneano (Milton Friedman) de impulsar una política de desarrollo económico de libre mercado y asignando al Estado la responsabilidad de atender a los áreas sociales no lucrativas de seguridad, justicia, educación, salud pública, infraestructura vial, medio ambiente y otras, ha sido un total fracaso para reducir la pobreza, debido a la cooptación de las instituciones públicas por las mafias criminales y el cáncer de la corrupción. El interés por el listado nacional de obras para asignarlas a contratistas ligados a diputados, es tan solo un ejemplo.
En consecuencia, estimo que dentro de los protocolos de retorno a la “nueva normalidad”, se aproveche la crisis como una nueva oportunidad de cambio que la pandemia brinda en bandeja de plata. Es imperativo iniciar un proceso profundo y permanente de cambios estructurales dentro de políticas públicas para combatir la pobreza y sus variables colaterales. Guatemala ha afrontado momentos críticos que se han desperdiciado para avanzar en un verdadero desarrollo; el más reciente fue en los años 2016/17 de todos conocida. Las condiciones actuales están dadas para resolver problemas que en tiempos normales ha sido imposible que sean tratados tanto por el poder ejecutivo como por las municipalidades.
La forma de abordarlos, por supuesto, no es siguiendo los esquemas políticos administrativos, burocráticos y corruptos de las gobiernos del pasado. Se requieren de ideas creativas y disposición de adaptaciones al modelo económico neoliberal. Recordemos la máxima de Einstein “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. Se me ocurre impulsar políticas sustentadas en alianzas publica – privadas para se responsabilicen en el diseño y ejecución de proyectos puntuales en municipios y aldeas con índices altos de pobreza; por ejemplo, empresas y organizaciones privadas, en alianza con la alcaldía e instituciones del gobierno de un municipio del corredor seco, se comprometan impulsar proyectos de riego, agua potable y drenajes, escuelas, emprendimientos empresariales y vivienda. Como estímulo al sector privado participante, un porcentaje de la inversión podría deducirse en el pago de impuestos…
En la ciudad capital, un problema urgente que se debe abordar, está el desorden del transporte público de pasajeros. Las condiciones que se discuten para la reapertura, es simplemente observar las medidas sanitarias reiteradamente mencionadas por los expertos en salud. Fácilmente se percibe que no funcionaran, principalmente en el transporte de empresas privadas, donde el fin de los propietarios es el lucro. Este objetivo ha causado una cultura de desorden al que están acostumbrados los pilotos, presionados por las condiciones que les imponen los dueños. Prevalece la tendencia que el propietario de las unidades no les asigna un salario; les fija la obligación de entregarle diariamente una cantidad determinada de dinero producto del cobro a los pasajeros, y los pilotos, después de obtener este monto, se enfocan en abordar el mayor número de usuarios para cubrir su salario. En consecuencia, al limitar la capacidad del bus al 50%, hará que se generen conflictos entre propietarios y conductores, donde estos últimos intentaran subir el valor al pasaje, o solicitar los famosos subsidios. Esta situación provoca que al conducir, entren en competencia y parando donde se les antoja, incluso bloqueando las bocacalles; la consigna es abordar el mayor número de usuarios. Adicional, conducen estresados y desordenados, incrementando el riesgo de accidentes. En consecuencia, las autoridades municipales con el apoyo del gobierno, deben condicionar la autorización de reapertura de rutas de buses formalmente establecidas, a cumplir lo siguiente:
– Que los propietarios asignen un salario y prestaciones a los pilotos;
– Incluir como protocolo obligatorio abordar y bajar pasaje solo en lugares autorizados por la Municipalidad de Guatemala. Para que funcione, se debe establecer una multa fuerte por incumplimiento; mínima de Q.25,000.00;
– Que la Municipalidad defina los puntos de abordaje y bajada de pasaje, para determinado número de rutas;
– Que Municipalidad asigne agentes de Emetra para el control de colas en los puntos de abordaje;
– Reacondicionar los buses para observar el distanciamiento social;
– Prohibir los microbuses ruleteros
-El que tiene oídos para oír que oiga-
* Lic. Administración de empresas, Maestría de Administración Publica por la Universidad del Sur de California
