Carlos Rolando Yax Medrano
El tyrannosaurus rex fue, al igual que son las actuales Junta Directiva y Comisión Permanente del Congreso de la República, el más grande de los carroñeros. Donde haya un cuerpo en descomposición, donde se perciba el olor de la putrefacción, se encontrará sin lugar a dudas al rey tirano de los lagartos. Asimismo, donde haya corrupción e intentos por mantener la cooptación del Estado, se encontrará a un grupo de usurpadores de la función pública que se hacen pasar por legisladores.
El Estado de Guatemala es republicano, es decir que el poder público se delega, para su ejercicio, en tres Organismos de igual jerarquía: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Por tal motivo, cada cuatro años el pueblo elige a los Diputados y al Presidente de la República. Sin embargo, la elección de los Magistrados se atribuye al Congreso, una oportunidad deleznable para tomar el control del Organismo encargado de la administración de justicia y, en consecuencia, para asegurarse impunidad. Y esta ocasión no ha sido la excepción.
La Constitución Política de la República, nuestro pacto fundamental y nuestra ley suprema, establece en el artículo 113 que “los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. Si un guatemalteco no es capaz, idóneo y honrado, no puede optar a empleos o cargos públicos. También establece en el artículo 268 que “la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional”, es decir, es quien tiene la última palabra en lo referente a la defensa de la constitución.
En estricto cumplimiento de su función esencial, la defensa de nuestro pacto fundamental y nuestra ley suprema, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso de la República en la sentencia del expediente 1169-2020, que deben excluirse del proceso de elección de Magistrados a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, esto es, no se pueden elegir abogados que no sean idóneos y honorables para ser Magistrados, tal cual establece la Constitución Política de la República.
No obstante, como ya es tradición en Guatemala, hay grupos y personas a quienes, para mantener su dominio, les gusta incumplir la ley. Puesto que la decisión de la Corte de Constitucionalidad les impide salir victoriosos en un partido que ya estaba arreglado, ejecutaron un ataque para retirarles el antejuicio y llevar a cabo en su contra una persecución penal. Por espurio, político e ilegítimo, el ataque no prosperó. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad es clara en ese aspecto al establecer en el artículo 167 que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.
Ya no es sorpresivo, aunque siempre es repulsivo, que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras dirija ataques para desvirtuar la labor de nuestro tribunal constitucional. Basta recordar que su actual Presidente gritaba en favor de la expulsión de la CICIG. Sin embargo, que el Presidente del Congreso de la República se atreva a desafiar al máximo órgano en materia constitucional y, por lo tanto, a nuestra Constitución misma, es despreciable y vil.
Sería un error pensar que fue una simple rabieta. Las acciones de Allan Rodríguez son, por mucho, más. Amenazan con romper la institucionalidad y el orden constitucional de nuestro Estado. Pero también exponen la pérdida de la potencia, demostración individual de dominación ante otros, y el riesgo de la pérdida del poder, capacidad de actuar en representación del grupo al que pertenece.
Los delirios de grandeza y el complejo de megalomanía del establishment guatemalteco son la demostración de que hay algo en descomposición, algo en putrefacción, y ahí podremos encontrar al más grande de los carroñeros. Los esfuerzos por mantener la cooptación del Estado y garantizar impunidad a la corrupción, siempre serán defendidos por el rey tirano de los lagartos, el tyrannosaurus rex.
