Juan José Narciso Chúa
Nada más serio en un país es cuando la justicia y el derecho se ponen a disposición de intereses fácticos y sectarios, nada puede ser más peligroso porque cuando no existe un estado de derecho; es decir, cuando la máxima de que todos somos iguales ante la ley, se incumple y contrariamente uno se encuentra con que existen grupos que se creen estar sobre la justicia; pero lo que es peor personas, entidades y grupos que se dan el lujo de conminar a la justicia a tomar decisiones en función de dichos intereses, la situación de un país, de una sociedad, se deja en un grave peligro.
El escenario no deja de ser peligroso, pero tampoco es algo nuevo. Este conjunto de acciones articuladas alrededor de la elección de los nuevos magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia, no es más que uno de los rostros visibles de los grupos que han detentado la impunidad en el país y que hoy se resisten a perder uno de los bastiones más importantes para continuar con su “Estado de Derecho a la Carta” y así evitar que la justicia y el derecho se volteen contra ellos mismos, tal como ocurrió con los casos que detonó la CICIG y el MP.
Los actuales magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, a excepción de honorables damas, como Delia Dávila, Silvia García y María del Carmen Morales Aceña, no es más que un grupo de burócratas que han hecho de su profesión una vergüenza, adecuando procesos y sentencias en función de los hilos de esos grupos de interés que buscan preservar la impunidad, pero eso sí, se rasgan las vestiduras cuando ocurre alguna sentencia contraria a sus pares, o bien como resultado del reciente amparo de la CC en contra de la denuncia de antejuicio contra cuatro de sus magistrados.
Es evidente que existe una entente perversa y oscura que más allá de su posición privilegiada dentro de la sociedad como muchos del CACIF y miembros prominentes de la oligarquía, hacen gala del control que tienen de todos los poderes del Estado, para lo cual cuentan con funcionarios de Gobierno, jueces, magistrados y diputados que hacen el trabajo sucio, que operan abierta y descaradamente a favor de estos intereses a cambio de la mezquina y degradante corrupción.
Cuando un magistrado, un diputado o un funcionario asume un puesto dentro de las instituciones del Estado, a pesar que puede ser propuesto por diferentes entes, cuando se encuentra en funciones se convierte en parte de una corte, un congreso o un Gobierno, un hecho que lo debería separar del ente u organización que lo propuso y por el que fue electo. No se vale convertirse en interlocutor directo de las élites del país o bien de un presidente.
Por supuesto que, a cambio de actuar dócilmente en favor de los intereses fácticos, los funcionarios, jueces, magistrados o diputados venales, se benefician con los privilegios que les otorga la corrupción y los beneficios del propio puesto, pero para evitar que caigan por dichas cuestiones, se aseguran el amparo de la ley y mejor si es la máxima autoridad judicial del país como es la Corte Suprema de Justicia.
No cabe duda que las mafias nos dominan, pero encontraron en la Corte de Constitucionalidad, una institución que no actúa a favor de intereses, sino bajo el espíritu de defensa del único pacto social con el cual contamos, nuestra Constitución Política. El hecho de no plegarse al poder de las élites y de sus operadores -como hoy los diputados-, ha hecho a la Corte de Constitucionalidad el centro de presiones de cualquier tipo para desbaratarla, pero con ello han hecho añicos la posibilidad de consolidar la democracia del país, pues la han desprestigiado, abaratado y adelgazado para mantenerla presa de sus intereses. Pero lo peor es que se abre la posibilidad seria de un rompimiento constitucional e institucional de graves repercusiones, si dicha tentativa no se detiene.
No cabe duda que nos encontramos ante una nueva presión de las mafias para terminar de consolidar su poder después de la CICIG, no es más que eso. El pueblo, el poder soberano no puede aceptar que ocurran estas transgresiones de la ley, el Ministerio Público tiene en sus manos, convertirse en el elemento catalizador de esta crisis, para efectivamente hacer realidad la máxima de que todos somos iguales ante la ley.
