Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En una entrevista radial, el presidente del Congreso tajantemente declaró que no acatarán lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y que, por el contrario, denunciaron a los magistrados para que el Ministerio Público los persiga penalmente, afirmando que esa CC llegó al colmo de impedir que Jimmy Morales dirigiera la política exterior de Guatemala, en referencia sin duda a la orden de expulsión de Iván Velásquez y de Anders Kompass. Mandando por un tubo el contenido del artículo 167 de la Ley de Amparo, el diputado Rodríguez garantiza el desacato, no obstante el origen espurio del antejuicio presentado contra la CC ante la CSJ y que ésta se integró con magistrados suplentes entre los que hay varios de los comprometidos con los Alejos.
De hecho estamos viviendo un Golpe de Estado en cámara lenta patrocinado por el pacto de corruptos (que sigue defendiendo a Jimmy Morales) y que se ha propuesto asegurar impunidad para siempre mediante el manoseo de las cortes. Vamos en ruta a repetir lo que ocurrió en tiempo de Serrano, cuando arbitrariamente se pretende disolver mediante argumentos falaces a la Corte de Constitucionalidad para dejar el camino libre a la cooptación del sistema de justicia. En aquella ocasión fue cabalmente la CC la que enderezó el rumbo del país cuando el ejército acató la resolución que dejó vacante la presidencia de la República y ahora poco falta para llegar al momento de la gran colisión. Veremos qué papel juega el Ministerio Público ante el manotazo constitucional y es el momento de las definiciones porque se sabe que ya internacionalmente hay mucho interés por lo que ocurre en Guatemala y el escenario internacional es muy distinto al que había antes de que el coronavirus, con su impacto, alterara también los equilibrios políticos en muchos países.
El Presidente no se pronunció anoche al hablar a la población, pero basta y sobra con ver el papel de su partido en el Congreso para entender su postura, misma que ya quedó en evidencia cuando trató de proponer una reforma constitucional para el sector justicia que tenía la finalidad de cambiar el modo, pero asegurar que los poderes fácticos mantuvieran su control sobre la forma en que en Guatemala se integran los tribunales para que estén siempre al servicio de la impunidad.
En plena pandemia se ha declarado la guerra a la Corte de Constitucionalidad, único tribunal que no surgió del pacto entre Líder y Patriota, y que ha luchado contra viento y marea para preservar el orden constitucional en el país. Era realmente una guerra anunciada desde el 14 de enero, cuando el nuevo pacto de corruptos cobró vida y se nutrió con las fuerzas del oficialismo que, por razones extrañas, se terminó no sólo aliando sino sometiendo totalmente a los dictados de esa política a favor de la impunidad.
Vienen días aciagos en los que se decidirá, finalmente, si caemos de manera absoluta bajo el control que tan afanosamente trabajó Gustavo Alejos o si privilegiamos el verdadero estado de derecho y acabamos con la cooptación de la justicia y del Estado.
