JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
Para la mayoría de los ciudadanos el Tribunal Supremo Electoral nace como uno de frenos y contra pesos que establece la Constitución de 1985, pero no fue así, por el contrario, la convocatoria a instalación y elección de la Asamblea Nacional Constituyente se llevó a cabo con la participación y con transparencia que se realizó y sin los acostumbrados señalamientos de fraude electoral, que identificaban el sistema en aquel entonces, por la existencia del TSE.
El Consejo de Estado de aquella época creó la ruta a la democratización del país. En la comisión política de ese Consejo, la pregunta fue cómo integrar un Tribunal independiente, sin la influencia de los partidos políticos. La propuesta después de varias reuniones de discusión abierta y democrática fue darle la posibilidad de proponer a la academia. El rector de la USAC, un representante de la asamblea de los colegios profesionales y el decano de las facultades de derecho de las universidades del país fue la propuesta que presentaron Oscar Clemente Marroquín y Amílcar Burgos, y que al final fue bien recibida. Lo cierto es que después de un proceso académico, transparente, el 30 de junio de 1983 en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia tomaba posesión el Tribunal Supremo Electoral, que garantizaría el retorno a la democracia en el país, empezando con la elección y toma de posesión de la Asamblea Nacional Constituyente.
Para los que leen esta humilde columna recordarán que hemos hablado de las elecciones, de la constituyente y de varios ejemplos de donde los constituyentes nos equivocamos o en dónde se perdió el rumbo. Hoy, podríamos hablar de la reciente de magistrados, las críticas a los anteriores magistrados por la forma de administrar el pasado evento electoral o sobre la resolución favorable para Sandra Torres, que es tan criticada en las redes sociales. Pero no, lo que resulta importante ahora es insistir en el fortalecimiento institucional del TSE, para que realmente sea Supremo, se empodere su función de organizar las elecciones y su papel como única instancia para resolver las incidencias electorales, y, sobre todo el de corregir el grave error de haber judicializado la política.
Esa posibilidad se abre con la reforma electoral y la Comisión de Actualización y Modernización Electoral -CAME-. De las reformas que se introdujeron a la LEPP en el año 2016, la más importante probablemente es la obligación de una revisión de la experiencia electoral cada cuatro años para fortalecer el sistema de partidos políticos. Con ello se buscó aumentar y mejorar la participación ciudadana, promover más y nuevos liderazgos, evitar el financiamiento electoral privado sin reportar, para que los financistas no gobiernen. Nos quedan aún grandes retos, tales como tener claras las reglas del juego para que la ley se aplique por igual a todos, y de aumentar la participación de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Ninguna reforma del Estado será posible si no empezamos por reformar los mecanismos de elección de autoridades, empezando por el Congreso de la República a quien corresponde aprobar las leyes necesarias para el cambio. El momento es ahora, a los ciudadanos nos corresponde apoyar al TSE, y eso se hace participando y presionando para que los cambios se produzcan. Como ciudadanos nos corresponde apoyarlo, participemos, presionemos.
