Juan Antonio Mazariegos
Este vespertino, en su edición del pasado 9 de junio informó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, confirmó que 51 internos, de los 70 que fueron hisopados el fin de semana en el hospital del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, dieron positivo con COVID 19.
A pesar de la tragedia y gravedad de lo acontecido, es fácil suponer que la noticia quedo superada por otras muchas que a diario se suceden y se confirme que en el imaginario popular, se ve a la prisión preventiva como el mejor purgatorio al que podemos aspirar, cuando se trata de posibles delincuentes. Entendiendo que el encierro indefinido y el pudrirse en prisión preventiva es la justicia más posible, en contraposición a una sentencia justa que el sistema simplemente no puede entregar, tras décadas de manipulación del mismo por intereses obscuros que tomaron su control.
Los Médicos de distintos hospitales públicos del país comparecen, un día si y el otro también, denunciando que los centros hospitalarios donde laboran han colapsado y que ya no es posible admitir más pacientes COVID, reclamando que se les brinden los elementos adecuados de protección para combatir la pandemia, mientras los pacientes con cualquier otro padecimiento asisten resignados, u obligados por sus propios males, a instituciones que hoy son más un atentado contra su salud que una esperanza para la misma.
Por supuesto, todo el mundo achaca los males del sistema de salud público al Presidente, al Ministro y a cuanto actual funcionario puede, a pesar de que estos llegaron al gobierno un par de meses antes que el COVID 19 arribara y ya nadie recuerda que la situación de los centros hospitalarios, las carencias de los médicos y la tragedia de los pacientes tienen como común catalizador, años y años de corrupción, transa y negocio con la salud y el erario público, en donde corruptores y corrompidos quedaban no solo impunes, si no también fueron aceptados, por una sociedad a la cual no le importa de donde venga lo que tenga, siempre que lo tenga.
En San Luis Petén, en pleno siglo XXI, una turba de campesinos quemo vivo a un hombre, experto en medicina natural, acusándolo de brujo. Al ser capturado, uno de sus asesinos, ante las cámaras confesó su participación y afirmó que había actuado en venganza por la muerte de su padre, sin especificar la razón y solo dando píe a pensar en la agonía de un hombre al ser quemado vivo, la ausencia de estado de derecho, y la ignorancia y la falta de educación de nuestra gente, puesta de manifiesto en una barbarie como esta y consecuencia de los años en que los gobiernos de turno han transado con los sindicatos de maestros, buscando una supuesta estabilidad del país a cambio de pactos colectivos, sin que medie o pese en ningún momento el menor interés por la educación de nuestros niños.
No vale de mucho ahora el hacerse el indignado, si hemos permitido, ignorado, aceptado o participado por acción u omisión en la creación de los demonios que ahora se ciernen sobre Nosotros. El remedio para combatir nuestros males no esta en unirnos contra el COVID 19, está en replantearnos nuestro deber como ciudadanos, no solo para contribuir y participar, si no también para impedir que esos demonios debiliten nuestras capacidades. Un país con instituciones fuertes y sin corrupción no tendría hoy como única opción esconderse y huir de la enfermedad.