Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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Al Congreso próximamente le tocará designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría con base en los listados elaborados por las Comisiones de Postulación y las directrices establecidas por la Corte de Constitucionalidad en la sentenciada dictada en el expediente # 1169-2020. Al momento la dirigencia en el Congreso pareciera no dar pasos firmes para acatarla en su cabalidad. Pronto sabremos si sigue de moda el no acatamiento de las resoluciones de la CC, esperemos que no.
Como es sabido, nuestra elección de Altas Cortes tienen defectos de diseño gigantescos siendo de los más oportunos en señalar el modelo corporativista de selección de los mismos. Así en su elección se involucran las Comisiones de Postulación en el cual se le otorga participación al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a las universidades y a las asociaciones de magistrados. Este recurso al corporativismo, como desde hace tiempos sabemos, se ha prestado a que se politice la academia universitaria por medio de creación de universidades de cartón para tener “silla” en la discusión causando se produzcan más “votos” que graduados, se politice el Colegio de Abogados y Notarios, y claro, se politice el tema en el Congreso por su misma naturaleza. En este sistema ha sido fácilmente infiltrado por el crimen organizado con sus representantes en todos esos niveles porosos y en el propio Congreso para tener autoridades judiciales afines a sus intereses, teniendo mucho mayor interés ahora por que cientos de personas fueron procesadas en el embate contra la corrupción del 2015 hasta 2019 por parte de la CICIG y el Ministerio Público. En estos momentos muchos en Mariscal Zavala y Matamoros están “rifándose” la vida en el desenlace de la elección ya que de eso dependerán las autoridades que conocerán el recurso de apelación especial y casación contra la sentencia que se dicte o se haya dictado en esos procesos. El momento es crucial. Lo que llamo yo nuestro “comercio político de jueces” está a la hora del día.
En medio de esto, el Presidente Giammattei anunció un proyecto de reforma constitucional y circuló en redes sociales un documento que exponía sus elementos. Habiendo hecho algunos esfuerzos por corroborar la fuente, al parecer la fuente era fidedigna. El asunto es que analizados los lineamientos de la reforma propuesta, pareciera que en algunos temas mejora el status quo pero en otros exacerba el problema actual, con ¡oh, sorpresa! con el recurso al “corporativismo” que no ha funcionado. Lo que pone en la mesa el Presidente para la Corte Suprema de Justicia es que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean electos, directamente y sin ninguna restricción o tamiz, eliminando las Comisiones de Postulación, por el Ejecutivo, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios, los decanos de Derecho de las universidades, y a los magistrados de las Salas de Apelaciones, eligiendo tres cada uno. Es decir, la supuesta idea de “mejorar” el sistema, en mi opinión, lo empeora porque acrecienta el poder de los políticos e intereses corporativos que son permeados por intereses espurios y criminales en la elección de Cortes. En algunos casos, lo que ahora ocurre en “encubierto” en las Comisiones de Postulación, ahora ni siquiera tendrá una palestra semi-fiscalizable como ahora porque cada interés representado podrá elegir, sin mucho escrutinio, a “sus” magistrados. Bueno, como diría una máxima “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Señor Presidente, busque asesoría adecuada, convoque a un grupo de abogados de reconocida trayectoria a presentarle diferentes propuestas, no exacerbe el problema actual y póngale atención no solo al tema toral de “quién escoge” sino a abordar el problema de “entre quiénes se escoge” para alcanzar la meritocracia en las magistraturas. Eso sólo se podrá lograr creando mecanismos que atraigan a los mejores abogados intelectualmente, no a los más “conectados”.
