Mariela Castañón
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El pasado 21 de mayo, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), confirmó que una niña que actualmente tiene 7 años y que esperó cinco años para que un Juzgado de Niñez del departamento de Guatemala notificara la sentencia de adoptabilidad, fue integrada con una familia adoptiva, sin duda, la noticia llena de alegría, pero también demanda acciones contra quienes tardaron tanto tiempo para realizar esta diligencia, pues la menor de edad vivió desde que tenía 20 días en hogares de protección; le negaron el derecho de tener una familia.
Lamentablemente, el caso de esta niña, puede ser uno de tantos en Guatemala, por eso la necesidad de que estas situaciones no queden en la impunidad y se deduzcan responsabilidades por parte del Ministerio Público (MP).
Es realmente cuestionable que esta niña haya pasado su primera infancia en los hogares, expuesta a riesgos, a precariedad y sin una familia.
La menor de edad tenía 20 días cuando fue abandonada en los baños de un centro comercial, ubicado en la zona 4 de Mixco; esto ocurrió en el año 2013. Mientras que en 2015 declararon su adoptabilidad y posteriormente un juzgado demoró cinco años para notificar la sentencia de adoptabilidad.
Aunque las razones por las que la niñez está en hogares de protección y abrigo son diferentes, valdría la pena analizar ¿cuántos de esos menores de edad pueden ser adoptados? ¿cuántos de ellos permanecen por la irresponsabilidad de jueces en hogares? ¿cuántos casos similares han pasado desapercibidos en Guatemala? ¿cuánto tiempo tienen que esperar las niñas y los niños para que alguien les haga justicia?
Un censo realizado el año pasado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Organismo Judicial (OJ) y organizaciones de la sociedad civil, reflejaron que en los hogares públicos y privados había 3 mil 863 menores de edad, de los cuales 2 mil 271 eran niñas y 1 mil 592 eran niños.
Aunque según la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), que tiene a su cargo los hogares públicos, hasta un 90% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen familia, es importante que las instituciones de Estado compartan datos entre sí y analicen cuántos casos como el de esta niña, podrían existir, estoy segura de que hay más de los que podemos imaginar.
Desde mi opinión, considero oportuna la denuncia presentada por el CNA, el pasado 25 de febrero contra el Juzgado de Niñez del departamento de Guatemala, que no notificó la sentencia de adoptabilidad, solo de esa manera se puede dejar un precedente y también se debe seguir denunciando, mientras que el Ministerio Público, está en la obligación de actuar contra los responsables que limitaron a la niña y seguramente han limitado a otros niños, de su derecho de tener una familia. Esas notificaciones de adoptabilidad, incluso, pueden enviarse por correo electrónico, según abogados que intervinieron en este proceso.
