Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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El corporativismo en la ciencia política es la doctrina por el cual el Estado permite que organizaciones y cuerpos sociales (universidades, sindicatos, colegios profesionales, cámaras empresariales, etc.) integren órganos del mismo en un cuerpo colegiado para la toma de decisiones y representaciones de interés. En Guatemala, este sistema se ha usado durante décadas para integrar cuerpos colegiados en órganos del Estado particularmente dándole participación en representación de intereses a los sindicatos, a la USAC y al “sector empresarial organizado” (CACIF), pero también dependiendo de la materia, se incluye a los gremios profesionales, siendo el más privilegiado el de abogados.
No obstante lo anterior, el corporativismo en Guatemala no sólo se ha manifestado en la integración de los cuerpos colegiados de dirección de órganos del Estado sino también se usado en una vertiente de darles funciones a los “intereses representados” como postuladores, así, por ejemplo, el ejemplo más representativo es el de las elecciones de Cortes, en el cual se le otorga participación en la postulación al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a las universidades y a las asociaciones de magistrados. Este recurso al corporativismo, como desde hace tiempos sabemos, se ha prestado a conflictos jurídicos e institucionales ya que ha creado una politización extrema de la misma elección en la que los grupos de interés “representados” se busca cooptarlos por las mafias, los sectores empresariales y los actores políticos, entremezclándose entre sí, para tener autoridades judiciales afines a sus intereses. Lo anterior, aunado al pésimo diseño de renovar la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones totalmente al mismo tiempo, ha resultado en incentivos perversos para “politizar” la elección de Cortes por medio de corromper la academia con la fundación de universidades de cartón, de pervertir la asociación gremial con estrategias clientelistas e incluso de las asociaciones de magistrados para poder tener “representación” en la elección de las mismas. Para terminarla de amolar, el Congreso como órgano “político” elige la totalidad de los órganos judiciales. En efecto, el reclamo de unos sectores interesados (algunos procesados penalmente) de que la “justicia está politizada” es cierto. Lo es y por diseño, tenemos en realidad un “comercio político de jueces”. Que no nos extrañe entonces que el MP haya encontrado que postuladores, candidatos a magistrados, diputados y allegados a estos pareciera tuvieran una trama para elegir autoridades judiciales “a medida” de Gustavo Alejos y saber ni que otros intereses que esperemos sean develados por las investigaciones. El sistema es perverso, es corruptible y su razón de ser ha sido superada por la “viveza” de sus captores. Debemos cambiarlo por medio de una reforma constitucional que, de verdad, ponga primacía en la “reconocida honorabilidad” e “idoneidad” que manda el artículo 113 de la Constitución Política y no a los “conectes” de los candidatos.
No obstante lo anterior, me parece que lo señalado para las Cortes es también aplicable al Estado en general. El recurso al corporativismo, por diseño o por cabildeo, ha sido muy beneficioso para ciertos sectores que han tomado cuotas de poder mucho mayores a las que pudieran tener dado su peso relativo. Sin embargo, me parece que el corporativismo ha afectado al desarrollo de la democracia porque los “sectores representados” al tener cuotas de poder por decreto, no buscan promover sus intereses por medio de los procesos democráticos y la política partidista. En lugar, teniendo ya “silla” en la toma de decisiones han preferido en algunos casos financiar campañas sin compromiso de agenda política porque ya de por sí el “control político” lo tienen a nivel de órganos del Estado. Otros ni eso hacen. La pobreza de los partidos políticos y su falta de propugnación de ideologías definidas, tiene su explicación en que los “intereses” o “grupos” que deberían formarlos e “integrarlos” y avanzar la agenda política de un país “fuera del Estado” pero buscando por los cauces democráticos acceso a su poder, en realidad, estén haciendo política “dentro” del Estado, y por ello, ven innecesario el cauce de la política partidista democrática. Esto es perjudicial para la democracia del país y para el Estado de Derecho, debemos buscar reformar nuestra institucionalidad y alentar la verdadera discusión política por vía de la política partidista dejando de lado el enfoque corporativista.
