Las remesas no son el único beneficio que los migrantes guatemaltecos aportan para mantener el equilibrio económico de Guatemala, hay también otros aspectos como las encomiendas vía marítima y aérea, los cuales por su naturaleza no tienen carácter comercial.
La encomienda encaja en la figura de pequeños envíos sin carácter comercial, según el artículo 116 Código Aduanero Uniforme Centroamericano – CAUCA – que las define como las mercancías remitidas desde el exterior para uso y consumo del familiar destinatario, cuya importación estará exenta de tributos y de demás cargos, siempre que su valor total no exceda de quinientos pesos centroamericanos.
Aun teniendo ese beneficio vigente en la legislación aduanera, ahora resulta que esto no se da en la práctica porque para poder sacar esos envíos en aduanas se enfrentan ahora los importadores a un trámite excesivamente muy burocrático, tortuoso, oneroso, complicando el procedimiento que aplica para tener ese beneficio de la exoneración.
Ante esta situación el migrante guatemalteco en el extranjero está obligado a contratar los servicios de empresarios transportistas encomenderos, quienes se hacen cargo del envío, teniendo una logística que incluye desde la recepción de la encomienda en la casa del migrante hasta la entrega de las mercancías en los hogares de los destinatarios en Guatemala.
Los transportistas encomenderos al momento de hacer los trámites en aduanas se encuentran con infinidad de trabas, vejámenes y a veces abusos desmedidos con un criterio arbitrario del funcionario aduanero a quien se le debe convencer del tratamiento no comercial de la encomienda, siendo una situación muy difícil y que se está presentando principalmente en esta época de crisis sanitaria en la que la encomienda social se ha convertido más que todo en una encomienda de ayuda humanitaria en la que el migrante aún en su situación crítica en Estados Unidos, hace el esfuerzo de apoyar a sus familias en Guatemala con el envío de artículos e insumos que son necesarios y de vital importancia en esta emergencia.
Además del cobro de ajuste por valoración acostumbrado, en esta época de crisis se impuso por parte de la aduana una multa administrativa sobre las encomiendas, situación que complica los procesos de liberación de los contenedores, elevando los costos en muchas casos hasta de doscientos mil quetzales por contenedor, cantidad que la ven a todas luces muy elevada y fuera de toda legalidad.
Todo este proceso causa retrasos en la entrega de las encomiendas en las diferentes comunidades de Guatemala y a eso hay que agregarle que hay algunas quejas de la sustracción de algunos artículos de las encomiendas, por parte de funcionarios aduaneros y Policía Nacional Civil, apropiándose indebidamente de lo que no les pertenece.
Los migrantes nos unimos a los transportistas encomenderos solicitando la intervención inmediata del poder Ejecutivo y Legislativo para buscarle una solución urgente a esta problemática, de forma inmediata contando para para ello con un decreto legislativo para regular las encomiendas y otras importaciones de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, como por ejemplo el envío de maquinaria, equipo y otros medios que puedan constituir o facilitar un medio de trabajo para el familiar del migrante, quien en estos momentos, al igual que el empresario mediano y pequeño está sufriendo grandes perjuicios económicos derivados de la pandemia mundial.
