Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cualquiera se pregunta los criterios que se siguen en la conformación de los gobiernos para designar a tal o cual persona en alguno de los ministerios de Estado y qué requisitos son los que se toman en cuenta y más se valoran. Por supuesto que lo que más se valora en países como el nuestro es la lealtad ciega y la disposición sumisa a obedecer las órdenes sin chistar, sobre todo en aquellos gobiernos que se estructuran alrededor de las redes de corrupción que se han vuelto tradicionales en nuestro país.
En algunos casos se negocia con poderosos sectores que demandan para sí algunas carteras desde donde les pueden proteger sus intereses y, tristemente, en esa categoría cayó desde hace mucho tiempo el Ministerio de Salud Pública, por ya demasiados años controlado por la industria farmacéutica que se ha ganado a pulso el privilegio de imponer sus precios no sólo para el sector público sino hasta en las ventas a la población, lo que convierte a Guatemala en uno de los países con los medicamentos más caros del mundo.
En casi todos los gobiernos se ha seguido el criterio de que al frente de Salud Pública tiene que estar un médico, no obstante que su responsabilidad es eminentemente administrativa y muchos de los doctores no tienen experiencia en ese campo. Y no es que se haya buscado a médicos que se especializaron en salud pública, sino que se recurre a la más variada gama de especialidades, incluyendo hasta la traumatología, como en el caso del actual titular de la cartera, rama que por supuesto nada tiene que ver con el manejo de cuestiones fundamentales en nuestra sociedad como la desnutrición crónica y las enfermedades derivadas de las condiciones de insalubridad impuestas por la pobreza estructural del país.
El caso es que en el campo de la salud pública no funciona al pie de la letra aquello de zapatero a tus zapatos porque el ministro no está para curar pacientes, tarea esencial de cualquier médico, sino para administrar una de las más abandonadas y deterioradas áreas de toda la administración pública. Hubo un tiempo en que el negocio de los ministros era hacer hospitales, pero eso fue a principios de la segunda mitad del siglo pasado pues ya en el gobierno de Lucas se empezó a ver que lo de las medicinas podía llegar a ser más rentable y de esa época arranca, ya con verdadera visión “empresarial”, esa cooptación que la industria farmacéutica ha hecho de todo el sistema nacional de salud.
Un buen administrador que disponga de buenos asesores expertos en salud pública y que pueda recurrir, en casos como el presente, a los mejores epidemiólogos o expertos en enfermedades infecciosas, sería mucho más eficiente que un montón de médicos arrejuntados en los distintos viceministerios sin la menor idea de lo que es su verdadera responsabilidad. Y no es culpa de ellos porque tal y como funciona el sistema, no fueron designados para darle caravuelta a un maltrecho ministerio, sino que están allí para asegurar que la jugosa y lucrativa fiesta siga adelante, con o sin pandemia, haciendo honor a aquel cínico funcionario internacional que dijo que en Guatemala no hay obra sin sobra.
