David Barrientos
La actual organización del Estado guatemalteco y sus instrumentos en materia de contratación de personal y ejecución presupuestaria son un obstáculo para el desarrollo en tiempos normales, no digamos en crisis como la actual; las estructuras y funciones institucionales necesitan actualizarse para responder al objetivo de procurar el bien común; esto pasa por el organismo legislativo y órganos administrativos del ejecutivo y sus entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a la misma ONSEC y la Contraloría General de Cuentas e instrumentos como la Ley de Contrataciones del Estado que apestan a atraso, nos administramos con instituciones y mecanismos creados hace muchos años y algunos relativamente recientes, pero por la dinámica política, económica y social no se ajustan ni responden hoy al interés común, al contrario obstaculizan la pronta acción, incluso del mismo aparato gubernamental para responder a ese contrato social, al que también hacemos anacrónico.
La crisis provocada por el COVID-19 muestra la ausencia o debilidad institucional, misma que da pie a la conformación de entes emergentes como comisiones especiales y otros, que no hacen más que aumentar la macrocefalia estatal que salta a la vista y donde se consume gran parte de los recursos públicos, esto es verdaderamente una desventura nacional, que claro termina siendo conveniente para “mantener el estado de las cosas”. Algo que hemos podido ver en los últimos días es la incapacidad o imposibilidad de proveer a la cadena hospitalaria de los insumos necesarios, solo como un ejemplo de lo torpe que son los procedimientos para la contratación de personal y la adquisición de insumos necesarios. Los procedimientos engorrosos ante y entre los órganos estatales en pleno siglo XXI debieran haber desaparecido con el soporte que permite la tecnología hoy disponible.
El Congreso de la República es un actor de vital importancia para la solución de esta problemática administrativa, tiene la función de legislar y fiscalizar en favor del bienestar común; sin embargo, no se identifica en este organismo de Estado la voluntad para resolver tan importante y actual problema administrativo; urge que se declare en sesión permanente hasta crear una nueva o reformar la actual Ley de contrataciones del estado, con la participación de los principales actores involucrados en la ruta de ejecución de los recursos públicos y así procurar la entrega inmediata de los insumos necesarios a los guatemaltecos que enfrentan la lucha contra el COVID-19 en primera línea: los enfermos y el personal médico del sector público.
Lo anterior no exime la irresponsabilidad, lentitud, falta de voluntad e incapacidad manifiesta en la ejecución presupuestaria por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, al no encontrar administrativamente el camino dentro de la ley para ejecutar los recursos asignados para enfrentar la crisis, que desafortunadamente no terminara tan pronto como quisiéramos; mientras tanto los guatemaltecos nos encontramos entre manifestaciones y expectativas como: aplanar la curva, olas y repuntes, epicentros en América, dieciocho meses para la vacuna, medidas de distanciamiento, todo igual a incertidumbre.
Es urgente que a quienes tienen que enfrenar la batalla en primera línea se le asignen con prontitud los recursos necesarios. “Un soldado sin armas y municiones está condenado a perder la batalla”.
