Sandra Xinico Batz
Imagínese estar por casi dos meses en un “hospital” en el que no sólo las condiciones de
su estancia son bastante precarias, sino que además mantiene durante todo este tiempo
la incertidumbre de su verdadero estado de salud. Desafortunadamente esta es la
situación en la que se encuentran más de 100 personas, que están viviendo en carne
propia todo este tormento, desde que fueron recluidas en el Parque de la Industria sin
mayor información de su verdadera condición de salud; entre ellas permanecen desde la
primera semana de abril, un grupo familiar de Patzún, quienes no han regresado a casa
desde entonces; todas estas personas tienen en común el hecho de no presentar síntomas
y que se les han practicado varias pruebas de COVID-19, pero que hasta hoy no conocen
los resultados de estas, lo cual fue denunciado hace unos días por un grupo de
guatemaltecos que fueron deportados de Estados Unidos en abril, indicando que han
habido extravíos de pruebas y de resultados.
Más allá de lo que constantemente hemos escuchado, sobre que ningún gobierno en el
mundo estaba preparado para una pandemia, lo que es realmente indignante, es el hecho
de que en Guatemala el dinero o los fondos destinados para esta emergencia una vez más
sean un botín, otro foco de corrupción, del que están haciendo negocio a costa de la vida
e integridad de las personas. Hace unos días Agencia Ocote dio a conocer una
investigación en el que se detalla como el Ministerio de Salud compró mascarillas sobre
valoradas a Vayron Ronaldo Rodríguez, quien en 2015 fue condenado por compra de
medicamentos que fueron robados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, este
proveedor le ha vendido al Estado mascarillas N95 por un precio unitario de hasta Q75 y
tal como lo indica este medio de comunicación: “El precio de sus mascarillas N95 es hasta
18 veces más alto que el de otras con las mismas características”.
El 21 de mayo se registró el primer fallecimiento por COVID-19 de un integrante del
personal de salud, el auxiliar de enfermería del Hospital Nacional de Malacatán, San
Marcos, Hugo Leonel de León. Esto se da en medio de una gran cantidad de denuncias
sobre la desprotección y precariedad en la que deben trabajar decenas de personas que
brindan servicios de salud en los hospitales y centros de salud. Esta también es la situación
de policías y bomberos que han resultado contagiados debido a que no se les proveyó
equipo adecuado para resguardarse. El gobierno prefiere llamarles héroes que brindarles
lo que por derecho y humanidad les corresponde, porque llamándoles así justifican su
nula voluntad por proteger la vida de quienes están la primera línea de atención. Las
condiciones del personal de salud son infrahumanas y evidencian la forma perversa en
que actúa el gobierno al dejarles a la deriva, sin protección, sin salarios, sin insumos.
Coincido completamente con la diputada Lucrecia Hernández Mack, cuando indica que al
personal de salud agradecerles ya no basta.
