La demanda de los médicos de los hospitales de emergencia para atender pacientes del COVID-19 ha generado una estéril confrontación con sus autoridades superiores que llegan al extremo de afirmar que la carencia de insumos de protección para el personal de esos centros asistenciales es resultado de que se “han usado de manera excesiva”, tratando con ello de desprestigiar al grupo de profesionales que, para empezar, están pidiendo que se les pague el pequeño salario que les corresponde y que piden refuerzos para asegurar una buena atención a los enfermos.
El tono de la demanda no fue en absoluto fuera de lugar ni de confrontación; hicieron peticiones razonables que ameritaban una respuesta por lo menos más mesurada, no sólo de los directores de los hospitales sino también del Viceministro que arremetió en contra de los profesionales de la salud, no obstante que el mismo Ministro había reconocido en una citación en el Congreso que tienen dificultades para concretar los nombramientos, asegurando los sueldos. Los médicos nunca amenazaron con interrumpir la atención a los pacientes sino demandaron que se atendieran sus necesidades y lo tuvieron que hacer públicamente luego de varias gestiones por la vía administrativa que no dieron ningún resultado.
No estamos para ese tipo de reacciones hepáticas que no conducen en absoluto a resolver los problemas y, menos aún, que se lancen ataques en contra del personal que en primera línea no sólo está atendiendo a los enfermos, sino que se juega la vida porque en el mundo se ha visto que el nivel de contagios entre el personal médico es muy alto y que los índices de mortalidad son preocupantes. Mientras en otros lados existe una actitud pública, tanto de ciudadanos como de autoridades, para mostrar aprecio y respeto a esos médicos y enfermeros que dedican larguísimas jornadas a curar pacientes, aquí un viceministro sale con el discurso de Trump, en el sentido de que los insumos de protección escasean porque el personal hace mal uso de ellos o simplemente se los roba.
Oficialmente se ha reconocido que existen dificultades administrativas para contratar o hacer adquisiciones y los índices de ejecución del gasto público lo confirman. Oficialmente se admite que hay incapacidad aunque se esgrima la ley como causa, pero lo fundamental es que debe privar la mesura y el esfuerzo para atender las necesidades. No olvidemos ni por un momento que trabajar unidos es la clave y para ello urge abandonar la estéril confrontación que al parecer tanto agrada a algunos funcionarios que se muestran puestos y dispuestos para el pleito.
