Los antejuicios de la CSJ serían conocidos por el Congreso. Foto La Hora/Congreso

Nuevamente se revive el viejo proyecto de ley para terminar con la prisión preventiva, especialmente en los casos vinculados a la corrupción, y esta vez el argumento es que resulta inhumano mantener en riesgo a personas que fueron acusadas y que, por edad u otra circunstancia, deben considerarse población en riesgo. Es un hecho que desde hace mucho tiempo nuestras cárceles están hacinadas porque no existe un verdadero sistema penitenciario sino que lo que hay es un enorme negocio en el que se aprovechan las patéticas carencias para cobrar por determinados privilegios y en tal sentido resulta más lucrativa la actual situación que entrarle a una reforma que debería incluir la construcción de nuevos y mejores centros penales.

Emitir una ley que tiende a favorecer a los personajes que están guardando prisión preventiva es, nuevamente, legislar a favor de un pequeño grupo porque, obviamente, no se tomará en cuenta al universo de la población reclusa sino que se centrarán en las figuras que todos conocemos y que están a la espera de su libertad desde que el gobierno anterior les hizo el gran favor de sacar a la Cicig de la ecuación judicial. Si los factores de riesgo cuentan por parejo, todos los presos mayores de sesenta años y los que padezcan de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hipertensión o diabetes tendrían que se tratados exactamente igual y el sistema penitenciario, responsable de la salud de todos ellos, debiera pedir al Inacif que realice exámenes a todos para determinar factores de riesgo que obligarían a enviarlos a su casa.

No se puede pretender que a la gente que vive en condiciones de total hacinamiento se les exponga de manera exponencial por la existencia de dolencias previas y agravantes de sus riesgos. Pero tampoco se vale que nuevamente en el Congreso se esté reviviendo una iniciativa que perseguía, exactamente, dejar en libertad a todos los que fueron cayendo en tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, cuando junto al Ministerio Público se hizo el trabajo de realizar investigaciones serias que llegaron a las más altas cúpulas del país.

No creemos en políticas tipo Trump con los migrantes, a los que hacinó en centros de detención contaminados para luego enviarlos a sus países de origen de manera irresponsable y hasta criminal. Por ello no pretendemos que los presos simplemente se contagien y mueran en las cárceles, pero lo que no aceptamos es una legislación con dedicatoria para beneficio exclusivo de los cómplices del pacto de corruptos encargado del saqueo inmisericorde de los recursos del país.

Redacción La Hora

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