Julio Roberto García-Merlos G.
Twitter: @jgarciamerlos
“No se pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino que pueden hacer ustedes por su país” – John Fitzgerald Kennedy
Hoy esta frase del expresidente norteamericano debe resonar en la mente de todos los guatemaltecos, pero en especial de aquellos que han ocupado y ocupan posiciones de responsabilidad y liderazgo.
De acuerdo con previsiones del Fondo Monetario Internacional, la economía guatemalteca se contraerá 1.95% este año producto de la crisis generada por las medidas para evitar un contagio generalizado del coronavirus. Hoy mismo miles de familias guatemaltecas están a la espera de recibir ayuda por parte del Gobierno para pagar servicios básicos y comprar alimentos, otras tantas lamentan que uno de sus miembros perdió su trabajo y cientos de pequeños y medianos empresarios planifican recortes de todo tipo para sobrevivir en esta época de contingencia.
En medio de todo esto hay un grupo de ciudadanos indolentes que en las cúpulas dirigentes de los sindicatos del sector público son reacios a renunciar a prebendas y privilegios, por el contrario, mantienen los pactos colectivos y ni por asomo consideran emprender algunas acciones en beneficio de la población que más lo necesita.
En teoría, los sindicatos surgen como medios asociativos para la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los patronos, sin embargo, durante las últimas décadas hemos visto en Guatemala, como estas organizaciones incrementan sus rentas con rapacidad a costa del dinero de los contribuyentes y en detrimento de la calidad en muchos servicios públicos como la educación.
La parte considerativa del Código de Trabajo establece que el Derecho de Trabajo construye un mínimum de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal (El resaltado es propio). En la actualidad, los sindicatos públicos no consideran la capacidad efectiva del Estado, toman sus prestaciones como derechos ilimitados y no les importa la crisis que se vive, mucho menos la estabilidad macroeconómica presente o futura del país.
A finales de 2019, los sindicatos de educación estaban frente al Congreso manifestando por ampliaciones presupuestarias. Durante estos días, los casi 300,000 maestros del sector público se encuentran en sus hogares sin trabajar y cobrando sus sueldos con los aumentos respectivos y bonos en forma puntual, mientras la mayoría de la población patalea incansablemente para mantenerse a flote, lidiando con el estrés por la situación económica.
Los dirigentes de los sindicatos públicos en Guatemala como Joviel Acevedo, especialistas en extorsión política, deben demostrar si en realidad defienden algo de los valores en los que afirman que se funda el sindicalismo: la solidaridad, la justicia, el respeto, la integridad, entre otros. Hoy es cuando.
Esta crisis será una prueba de fuego para todos: políticos, empresarios y en este caso particular, sindicalistas, que pasarán a la historia como buscadores de renta en sentido estricto, que ni en la mayor crisis sanitaria y económica mundial estuvieron dispuestos a dar la carar, liderar, aportar o proponer, simplemente se escondieron demostrando su gorronería. La historia los juzgará con propiedad mientras que después del paso de esta crisis nos replanteemos nuestra forma de vida, nuestras escogencias políticas y el diseño institucional, que en el caso guatemalteco en materia laboral necesita modernizarse con urgencia.
