Julio R. García-Merlos G.
@jgarciamerlos
Juntos saldremos adelante es el eslogan que ha escogido el Gobierno de Guatemala en su campaña de comunicación para la prevención y mitigación del Covid-19. Considero que es un mensaje correcto puesto que todos debemos remar en la misma dirección para poder salir de la crisis sanitaria del coronavirus y de la crisis económica inducida por las medidas necesarias para la prevención de un contagio masivo.
En el sector privado, pequeña y mediana empresa, profesionales (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, veterinarios, etc.) y sector informal no hemos tenido otra opción que escoger los menores males para sobrevivir. Lo anterior ha implicado llegar a acuerdos laborales (como lo ha sugerido el Presidente), despidos que no se quisieran hacer, adaptarnos para trabajar desde casa, implementar medidas de seguridad, pagar transporte privado a los empleados para que puedan llegar a su puesto de trabajo. Estos gastos adicionales, con un menor horario de trabajo, sumado a la contracción económica hacen muy difícil la sobrevivencia de la pequeña y mediana empresa, de los profesionales y del sector informal. Vemos que el Congreso ha ampliado el presupuesto a casi veinte mil millones de quetzales, se han otorgado prórrogas de pagos de impuestos y servicios, pero no se bajaron impuestos al sector productivo del país. Tampoco vemos que en el Estado estén dispuestos a apretar el cinturón del gasto público y quitarse algunas prebendas o gastos suprefluos. En esta crisis el Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema, entidades centralizadas y descentralizadas deberían requerir a sus subalternos en cada dependencia, departamento, ministerio, etc.; planes en el siguiente sentido: 1) Revisión de los presupuestos de cada dependencia y una propuesta de reducción de gastos (esto debe implicar una radiografía para detectar plazas fantasma y contrataciones anómalas); 2) Propuestas para trabajar y mantener las labores utilizando medios como el trabajo en casa, videoconferencias y trabajo presencial con todas las medidas de seguridad recomendadas. Por ejemplo, a un cúbiculo de una dependencia puede llegar un trabajador a ponerse al día en su trabajo y así rotativamente con el resto de la oficina pública. Los funcionarios y empleados públicos no pueden estar de vacaciones percibiendo un sueldo completo sin trabajar, mientras el resto de Guatemala sigue viendo como se las ingenia para salir adelante; eso no es juntos saldremos adelante.
Además, los partidos políticos perciben cuantiosas sumas de dinero a partir de lo que perciben por deuda política según los votos que recibieron durante las Elecciones Generales, recursos que sería oportuno donaran en buena parte para atender la crisis.
El presidente de Uruguay anunció la reducción temporal de los salarios y jubilaciones de empleados públicos para destinar ese dinero al fondo para la atención de la crisis del coronavirus. El Partido Popular español creó un fondo común para que sus diputados y senadores depositen sus dietas e indemnizaciones para atender la crisis, mientras que Partido Vox donó en forma conjunta 230,000 euros para la atención sanitaria.
Además de los recursos que se requieren en forma inmediata para la atención de la crisis sanitaria, tomando en cuenta la magnitud de la crisis económica que se aproxima, quienes menos posibilidad tienen de salir afectados son los funcionarios y empleados públicos permanentes, cuyos salarios, dietas, privilegios, bonos, prebendas, etc. deberían revisarse; con la excepción de aquellos que se ven expuestos como los trabajadores de salud, las fuerzas de seguridad y otros trabajadores que en esta crisis están incluso trabajando más y con mayor riesgo.
Lamentablemente el Gobierno de Guatemala aun no ha mencionado nada de austeridad, eficiencia ni readecuación presupuestaria sino únicamente el aumento de la deuda pública, que en buen porcentaje no sirve para la atención directa de las consecuencias de la crisis, por ejemplo, mil millones de quetzales que se destinarán al pago de aumentos salariales que durante la administración del presidente Jimmy Morales se concedieron al sindicato de maestros que lidera Joviel Acevedo u otros mil trescientos veinticuatro millones para obras de infraestructura que ejecutarán el Ministerio de Comunicaciones y los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Es un momento extraordinario en el que se justificaba el aumento de la deuda pública, pero no para gastos que no son de carácter urgente, sobre todo, tomando en cuenta que buena parte del paquete se financiará con emisión monetaria, algo sin precedentes desde la reforma constitucional de 1993.
Durante estos complicados tiempos todos tenemos que sacrificar algo y los funcionarios al servicio del país son los primeros llamados a hacerlo. No es posible que mantengan sus mismos ingresos mientras ven como la economía informal, los pequeños y medianos empresarios y el resto de la ciudadanía, pierde empleos, reduce sus ganancias e ingresos y soporta las consecuencias de la crisis; y ellos en casa viendola pasar. Juntos saldremos adelante, los incluye a ellos.
¡Que se vea que estamos juntos pues, pero de veras!
