Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Guatemala, como el mundo, vive tiempos inéditos porque nadie estaba preparado para los efectos de una pandemia que, insisto, no solo ha afectado al país, a la región o al continente, sino al mundo entero y por tanto es que todos debemos comprender que los eventos del momento son totalmente extraordinarios, extremos y que por ende se necesitan medidas de la misma naturaleza.
El Gobierno ha insistido en la necesidad que tenemos de contener la propagación. Nadie puede decir hoy si tener 74 casos se debe a que hemos tenido éxito o si el hacer pruebas limitadas (porque se tenía un número limitado de kits) es lo que nos ha arrojado ese número, pero el punto es que las mismas autoridades advierten que no hemos visto lo peor y que nos debemos preparar para los meses venideros.
El presidente Alejandro Giammattei ya se dio cuenta que de las 4:01 de la mañana a las 15:59 se vive un “deschongue” y ante esa situación y el aumento de los casos que ahora han implicado ya dos comunidades encerradas (Patzún y San Juan del Obispo), al Gobierno no le quedará otra más que confinarnos porque eso es lo que, en términos de salud, hubiera funcionado de una mejor manera desde el principio.
Pero esa decisión no se tomó, como en todos los países al inicio, por intentar preservar la economía, pero para cuando se termina ordenando el confinamiento resulta que la crisis económica que se quiso evitar se termina de agravar porque no hay de otra. Para detener la epidemia se necesitan medidas que deben aplicar por parejo y que deben cumplirse con responsabilidad si deseamos salir de esto lo mejor parados posible.
Y para ello, es necesario lograr que el Gobierno (en una pandemia, los Gobiernos asumen roles inéditos) atienda el tema económico para además, evitar un estallido en lo social. Para esto se necesita que podamos asegurar los abastecimientos de mercados y además se tienen tres frentes que atender: los formales, los informales y las poblaciones vulnerables. Se excluyen los empleados del Estado a los que se les seguirá pagando (aunque algunos no trabajen) y a los empleados de las entidades que deben prestar servicios durante la emergencia y cuyos esfuerzos se valoran y agradecen.
Es necesario que el Gobierno disponga de medidas para atender, por lo menos, a los empleados de las empresas que quizá tienen toda la voluntad de pagarles a sus trabajadores pero no pueden y para ello es necesario que se determine esa cantidad para que el Gobierno ponga los fondos y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) operativice los pagos de una parte del salario. Si llegamos a tener el dato de la cantidad de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas en el país, se pueden ir perfilando propuestas.
Hay gente que puede soportar un tiempo, otros que se están endeudando para hacerle frente a la crisis, pero el Gobierno debe asumir el rol que le corresponde en la pandemia, porque mucha gente expresa que si se queda en su casa no come, que por eso sale y por tanto es vital hacer algo. Los 300 mil que estima el Gobierno con los Q2 mil millones es algo, pero se quedará corto.
También debemos atender a los informales y más vulnerables y si para esto y lo anterior debemos echar mano de una parte de las reservas (además de los Q6 mil millones ya aprobados por bonos), que se haga porque de nada nos servirá luego presumir una estabilidad si no tendremos las manos y los mercados para levantar la situación.
Se entiende que no es culpa de este Gobierno que no tengan listados efectivos (no clientelares) para atender con inmediatez a la gente más pobre, pero se deben seguir haciendo los mejores esfuerzos porque, en la pandemia, como en el día a día no podemos seguir dejando tirado al que menos tiene.
Todo se basa en datos: datos de cuántos empleados van a necesitar apoyo (Gobierno estima 300 mil pero sin duda son más y el IGSS puede proporcionar ese dato), cantidad de personas a las que deberemos apoyar y en función del tiempo dependerá la cantidad, pero es necesario que todos los sectores (empresarios, grupos sociales, indígenas y sociedad civil) puedan trabajar de la mano para proponer, con sensatez, medidas que nos permitan atender el tema de salud, económico y social.
