En el régimen de prestaciones sociales que deben ofrecerse mundialmente figura la prestación por desempleo que es la que vendría a ayudar en estas condiciones derivadas de la pandemia del coronavirus y que mencionó el Presidente en una conferencia de prensa. Todas las prestaciones sociales tienen que ser debidamente financiadas entre empleadores y trabajadores, con el concurso del Estado que aquí en Guatemala es el gran deudor moroso porque no ha cubierto sus obligaciones financieras con el régimen de seguridad social.
La idea lanzada por el Presidente no es descabellada y vale la pena tomarla en cuenta pero para ello es urgente encontrar una forma de financiamiento que permita implementarla sin tocar ni un centavo de los programas ya existentes y que han sido financiados mes a mes por los aportes de todos y cada uno de los trabajadores inscritos en el IGSS y los empleadores privados que ponen la mayor parte de esos recursos con el pago de la llamada cuota patronal. De suerte que en este momento crucial lo que se impone es plantear la utilización de la plataforma de distribución que tiene el Instituto de Seguridad Social y la asignación de un fondo de emergencia que deberá ser luego restituido con los recursos que deberá generar, al salir de la crisis, el nuevo aporte que deberá fijarse para hacerle frente a esa nueva prestación.
El problema económico y social que se deriva de esta crisis que puede prolongarse por varias semanas, es impresionante y es eso lo que obliga a la gente a salir para cuidar un empleo o para agenciarse de los centavos que necesita. Se aprobaron ya ayudas sociales que serán repartidas de acuerdo a los canales existentes en los siempre sospechosos listados del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura, pero eso no es suficiente para atender la enorme necesidad de cientos de miles de familias, entre ellas las que dependen de un empleo que ha cotizado al IGSS pero que no tiene cobertura en caso de desempleo causado por las circunstancias de fuerza mayor y calamidad pública.
El Congreso ha sido rápido para facilitar un financiamiento extraordinario al que pueden tener acceso las Personas Políticamente Expuestas, es decir ellos mismos, pero lento para atender otras necesidades de la población. Es momento de que se unan las distintas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las cúpulas empresariales y los sindicatos, para plantear un gran acuerdo que traslade al Congreso la responsabilidad de asignar fondos de emergencia para financiar un programa urgente que cubra el desempleo.
