La tremenda perversión que ha sufrido el sindicalismo en Guatemala quedó comprobada con la petición indecente que hicieron los sindicatos de la Superintendencia de Administración Tributaria y de Puerto Quetzal. Básicamente piden la misma cosa, un bono extraordinario por la calamidad que sufrimos, demandando 10,000 quetzales para cada trabajador en la primera institución y 8,000 en la segunda.
Todos los trabajadores del país, al igual que los empleadores, estamos preocupados por lo que se viene tanto en la parte de la salud pública como de la economía, pero si en condiciones como estas cada quien recurre a viejas mañas y se quiere colocar en condiciones de ventaja respecto a otros, la verdad es que no vamos a salir adelante. Este es momento en el que todos nos tenemos que apretar el cinturón porque nadie sabe cuánto va a durar la crisis y no es momento de hacer chinche los recursos del Estado que también se verán mermados porque tendrá que diferirse de alguna manera el pago de los impuestos para ir sobreviviendo.
Tenemos miles de personas que trabajan en la economía informal que no tienen estabilidad laboral y que ahora se han quedado sin ingresos y evidentemente un sindicalismo sincero y verdaderamente orientado a la protección de los trabajadores no debiera ver cómo sacan más raja (los dirigentes y sus abogados se quedan con tajada de cada beneficio obtenido) sino que debieran proponer medidas de política general para ayudar a los que menos tienen.
Son tiempos de solidaridad, hemos dicho hasta el cansancio, pero eso no significa que los más vivos se aprovechen de las circunstancias y sería gravísimo que los funcionarios dispongan de los recursos que son del pueblo, de todos los guatemaltecos y que harán mucha falta para un adecuado balance. Si todos los trabajadores pidieran en estos momentos bonos de calamidad, la quiebra de las empresas sería inmediata. Pero como al Estado lo pueden chantajear y hasta se pueden repartir ganancias entre sindicalistas y funcionarios corruptos, ¡que viva la Pepa!
Es del todo inaceptable que se haga ese tipo de planteamientos ante un Gobierno que está atolondrado porque tiene que decidir entre atender el clamor por la salud pública y la presión sectorial que pretende postergar, a como dé lugar, la adopción de las únicas medidas posibles para enfrentar seriamente la pandemia.
Creemos que es tiempo de unirnos y de compartir entre todos el costo de la crisis y cualquier actitud avorazada, venga de donde venga, es repudiable.
