Luis Fernández Molina
Me parece atinada la posición del gobierno respecto del amparo provisional de la CC. Un reconocimiento de la legalidad formal; de esa legalidad que constituye la piedra angular de todo el andamiaje institucional. Por esa misma legalidad el Presidente es el Presidente, los diputados son diputados y los alcaldes son alcaldes. Fuera de eso serían ciudadanos comunes. Deja en claro el pronunciamiento gubernamental que no comparte la posición de la CC pero que lo acata y es que, en tanto no se modifique la Constitución (urge su reforma), la CC tiene como fin esencial “la defensa del orden constitucional” (artículo 269). A ese mandato sin fronteras se suma el hecho de que nuestro sistema legal es muy poroso, deja muchas lagunas que alguien tiene que rellenar y ¿quién va a serlo? Pues la citada Corte que, por lo mismo, se convierte en el árbitro final de toda controversia (insisto en la reforma). El caos y la anarquía reinarían si cualquier persona o grupo se arroga el derecho de interpretar las leyes.
Desde otra perspectiva considero que el Presidente descarga parte del peso que se decantaba en sus hombros con el desgaste que ello producía. Se percibía que el Ejecutivo hacía suya una batalla que no lo era (como sí lo es la ley “antimaras” que en forma encendida propuso en su discurso inaugural). La iniciativa de las oenegés era del Congreso y ni siquiera de este Congreso sino que del anterior (muy cuestionado) en el que había pasado ya por dos lecturas. Tanto es así que cuando le preguntaron a Giammattei si iba a sancionar o vetar le ley dijo que tenía que leer y analizar dicha ley con sus asesores jurídicos.
Y es que se percibía que un gasto se ocultaba en la sorpresiva reforma que es innecesaria. Toda la normativa relacionada con las oenegés ya está en alguna ley específica. ¡Que se haga cumplir! El decreto 2-2003 impone la fiscalización del Estado (artículo 1), la obligación de formalizar en escritura pública y tramitar su registro en Registro Civil (cambió a Gobernación) en donde se escudriñan sus estatutos (objetivos o fines) y en tanto no sean fines ilegales se otorga la personalidad jurídica. Luego inscripción en la SAT, deben extender recibos y deben llevar libros (artículos 13, 14 y 15). En caso de fondos públicos es obligación de la CGC ejercer total control de su uso (artículo 16). Si los financiamientos vienen del extranjero, es documentado por transacciones en el Banco de Guatemala y se incorpora formalmente al sistema bancario (nadie iba a traer dinero en maletas).
Es cierto que algunos administradores de oenegés extranjeras gastan muchos recursos en funcionamientos (lujos exagerados incluidos) y dejan poco para los fines que motivaron la donación (mucho gasto operativo y pocos resultados). Pero ese es un problema de los donantes; al no controlar o no exigir resultados decidirán no aportar más en programas de Guatemala. Ellos son los principales fiscalizadores de sus propios fondos, no el Estado.
En cambio sí corresponde al Estado corregir los actos ilegales. Si algunas oenegés promueven el robo de electricidad, el bloqueo de carreteras o la destrucción de maquinaria, o apologías delictivas (abortos, sediciones, alteración del orden) entonces las autoridades desde hace rato han debido de actuar conforme las leyes actuales. Si otras oenegés, de cartulina éstas, se crean ad-hoc para proyectos de construcción (aló diputados), que no concluyen apropiándose del dinero (Salcajá por ejemplo). ¡Por favor! Este es problema de los funcionarios que otorgan esos proyectos. Deben erradicarse esas prácticas (la nueva reforma no hace ninguna diferencia).
