Ya, hablando de los diputados, señalamos que la indemnización es simple y llanamente la reparación por un daño o perjuicio, como el que se causa a un trabajador al que se le despide de manera injustificada, por lo que no cabe en ningún caso para quienes asumen un trabajo por período determinado en el que se establece claramente la finalización de la responsabilidad. Tanto los diputados como los magistrados se postulan a sabiendas de que, de llegar al puesto, estarán allí por el período establecido en la ley y, en consecuencia, no puede haber daño o perjuicio cuando simplemente se produce el fin de su mandato.
Y sin daño o perjuicio no cabe la indemnización que es el resarcimiento económico para compensar el agravio sufrido. Pero con todo y lo que se ha dicho y existe en la doctrina jurídica al respecto de las indemnizaciones laborales, los inútiles y perversos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esos mismos que no sólo no supieron manejar la transmisión de datos en la última elección sino que, además, demostraron su parcialidad, tanto en cuanto a la cancelación o no de partidos políticos implicados en actos de financiamiento ilícito, como en lo relativo a la selectivísima forma de calificar la inscripción de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, de manera cínica y descarada se otorgaron a sí mismos una indemnización ahora que, con más pena que gloria, van a entregar sus cargos a quienes, en un proceso tan amañado como el que les permitió convertirse en magistrados, sean electos por el Congreso con encargos definidos.
El actual Tribunal Supremo Electoral no fue imparcial y no pueden negar que fueron un instrumento al servicio de la Unidad Nacional de la Esperanza, en ese tiempo aún controlada por Sandra Torres, y que entregarán su cargo sin haber procedido a la cancelación de ese partido, cuya candidata quedó inscrita con rapidez para evitar la investigación en su contra.
Se trata del Tribunal Supremo Electoral que sepultó, sin asomo de vergüenza, el prestigio que se había ganado esa institución por la que desfilaron tantos abogados probos, intachables y prestigiosos que la encumbraron como una de las más respetadas de toda la organización del sector público.
La inútil Contraloría General de Cuentas debe frenar la decisión que tomaron los mismos magistrados de indemnizarse a sí mismos, contrasentido lógico y legal, e iniciar el expediente respectivo contra el abuso de autoridad que debe ser certificado ante el Ministerio Público sin dilación ni tardanza. Callar ante el abuso de ese mamarracho de magistrados es inadmisible.
