Por: Adrián Zapata
El viernes pasado, en Huité, Zacapa, el presidente Giammattei asistió al acto de lanzamiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural, PRONADER. Fue el ministro de Agricultura, el ingeniero agrícola Oscar Bonilla, quien tuvo a su cargo liderar tan importante evento. En esencia es una alianza entre el MAGA y las mancomunidades para impulsar dicho programa en 29 municipios, con una inversión que ascenderá a los 60 millones de quetzales.
Lo primero que debe decirse es que resulta satisfactorio enterarnos que el actual gobierno asume el desarrollo rural como parte de su propuesta programática. Significa, esperemos, que se comprenda que cerrar la brecha urbana/rural es esencial para plantearse el desarrollo del país. Que se entienda que, aunque la actividad exportadora es importante, es una ilusión pretender desarrollar el agro a través de las exportaciones como el eje fundamental. También se dijo en el acto que de ahora en adelante el MAGA se convertirá en un ministerio para la producción y no para el asistencialismo, lo cual es meritorio. Sin embargo, me parece que existe una confusión al renegar de los programas sociales y no entender que pueden jugar un rol muy importante para avanzar en la lucha contra la pobreza, si no se les concibe como simple asistencialismo, aislados, sin vincularnos con programas económicos productivos. Pero, en todo caso, no es al MAGA al que debería corresponderle tal intervención, para eso está el Ministerio de Desarrollo Social.
También es esperanzador que el gobierno les apueste a las mancomunidades en este programa. Ellas son expresión de construcción territorial, más allá de las limitaciones que plantea pensar el desarrollo con visión de municipios dispersos, aislados entre sí.
De acuerdo con el documento al que hemos tenido acceso, el PRONADER parece tener aún poco desarrollo en su concepción, contenidos, alcances y estrategia de implementación. También hace falta, según parece, que sea más explícito en definir la necesaria articulación territorial de las diversas intervenciones que realiza el Estado.
Podría ser que con este Programa la actual administración del MAGA avance en su comprensión sobre la relevancia que tiene la agricultura familiar para el país, siempre que no se le conciba como la actividad económica inherente a la pobreza, sino comprendiendo que el propósito de impulsarla es no sólo aportar a la disponibilidad de alimentos, que es fundamental para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino que convertirla en excedentaria, para así poderla vincular a los mercados, locales, regionales, nacionales e internacionales.
Fue de suma relevancia el anuncio que hiciera el Ministro, ratificado por el Presidente, de que el PRONADER, aunque comienza en 29 municipios, pretende ser ampliado hasta abarcar todo el país. Esto significa, ni más ni menos, que dicho Programa prácticamente se constituye en la política de desarrollo rural del gobierno actual.
Esta proyección obliga al Presidente a trabajar en las insuficiencias que ese Programa tiene. Pero también debe motivar el apoyo de los diversos actores sociales y políticos. Este apoyo debe expresarse, por una parte, en ser constructivamente críticos, pero también en contribuir a su éxito, incidiendo en el gobierno para que se superen las limitaciones que aún padece.
El Ministro del MAGA es la cabeza de esta iniciativa, para lo cual debe garantizar que dicha cartera trabaje coherentemente, superando las debilidades institucionales que son realmente dramáticas. Paralelamente, su liderazgo debería promover la necesaria articulación territorial que el desarrollo rural integral requiere.
