Raúl Molina
En artículo pasado proponía sustituir al ejército nacional por una guardia nacional de defensa e indicaba que daría respuesta a tres preguntas que se me hacían sobre la creciente militarización del país. Esto constituye tanto una violación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera como un retroceso histórico. Abordo la primera pregunta: ¿de qué forma está afectando la creciente militarización y su presencia en espacios civiles a la sociedad guatemalteca? Entiendo como militarización la asignación de funciones y recursos a las fuerzas armadas que corresponden a la parte civil del Estado (educación, salud, obras públicas y seguridad), que a partir de Jimmy Morales ha venido en aumento. Hoy, Alejandro Giammattei no solamente mantiene esa militarización, sino que la profundiza al nombrar al frente del Ministerio de Gobernación a exmilitares contrainsurgentes, en condición de retiro, pero con la misma mentalidad militar y vasos comunicantes con oficiales del ejército en activo. Pretende, además, eliminar la SAAS, a cargo de la protección presidencial, y sustituirla con un comando militar (en fotos recientes se ve a Giammattei bajo la protección de kaibiles).
La presión de Estados Unidos para darles nuevas funciones a los ejércitos latinoamericanos, al concluir la mal llamada “Guerra Fría”, ha sido constante. Insistió en la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico (los países del sur de América Latina se han resistido a este rol policial, aunque Colombia y México aceptaran los Planes respectivos “Colombia” y “Puebla”, para utilizar tropas de las fuerzas armadas para ayudar a las fuerzas policiales) y, posteriormente, las quiso involucrar en su lucha contra el terrorismo. En el caso guatemalteco, al convertirse el país en el corredor de la droga hacia Europa, Canadá y Estados Unidos, manejado por militares y exmilitares, junto a los cárteles colombianos y mexicanos, las fuerzas armadas no han asumido una “guerra” contra el narcotráfico, para no poner en riesgo sus ganancias.
En Guatemala, años de corrupción y el disfrute de la impunidad hicieron del ejército bastión de la dictadura cívico-militar implantada por Jimmy Morales. De hecho, la batalla frontal contra la CICIG se inició en el momento en que ex altos jefes militares fueron capturados, bajo la acusación de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad. Fue fácil recomponer la alianza entre militares criminales y corruptos, cobijados hasta entonces bajo el manto de la impunidad, y capos del CACIF, que han sido responsables de corromper las administraciones y financiar ilícitamente a buena parte del sistema político. Una de las tareas inmediatas del gobierno fue mejorar los pagos a la PNC y a las tropas, para garantizarse su lealtad. La dictadura de la corrupción y el Pacto de Corrupción dentro de la totalidad del sistema político contaron con la garantía absoluta de que los militares no iban a actuar contra ellos, aunque violaran la Constitución y las leyes. Se ha venido reforzando al ejército, con creciente presupuesto, hasta llegar a la compra de “juguetes” bélicos a Colombia, Argentina, Israel y EE. UU.
