Nadie, y mucho menos algún juzgador en el país, puede ignorar que estamos a las puertas de la crucial decisión del Congreso para elegir a los Magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia que serán los responsables de críticas decisiones relacionadas con el tema de la impunidad, que ha sido histórica en el país pero en el que habíamos logrado importantes avances a partir del año 2015 cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público emprendieron su lucha contra la corrupción, encausando a muchos y muy variados personajes de los que fueron, desde siempre, ajenos a la rendición de cuentas precisamente por la existencia de esas tenebrosas estructuras encargadas de sepultar en los tribunales cualquier asunto que perjudicara a la clase privilegiada.
Se ha dicho hasta el cansancio que en esta elección de las Cortes se están moviendo poderosamente intereses muy grandes de aquellos que necesitan disponer de un sistema que libere a los que están en prisión y se convierta en garantía de que aquí no vuelven a darse sobresaltos como los que ocurrían en aquellos “días de CICIG” cuando a tantos les invadía el mal de camioneta en las primeras horas del día al producirse los operativos en contra de corruptos de toda clase, desde políticos desprestigiados y despreciados hasta los más encopetados y “respetables” miembros de la élite.
Y viene todo esto a cuento porque es difícil entender el razonamiento y la lógica que siguió la juzgadora que decidió otorgar permiso a Sandra Torres para reunirse con sus diputados de la UNE precisamente en este contexto. No quiere decir que no hubiera podido influir en ellos sin un contacto directo ni que el mensaje de “Sandrita y Gustavito” quedaría sepultado si no le otorgan el permiso a quien fuera el verdadero poder en el gobierno de Álvaro Colom. Pero el asunto es que se está mandando un mensaje tenebroso a la ciudadanía cuando, oficialmente, se le autoriza a que puede reunirse a puerta cerrada con sus diputados en una oportunidad en la que, por supuesto, el tema de la integración de las Cortes ronda en todos los salones y recintos donde hay actividad de algunos parlamentarios.
En medio de ese ajetreo que ahora se convierte en el centro de la actividad legislativa, porque están a punto de tomar una decisión que será vital para el mantenimiento de las estructuras de impunidad, Sandra Torres tendrá la facultad y el permiso de la juzgadora que lleva su causa para liberarse de la orden primaria de alejamiento de cualquier actividad política que le fue impuesta cuando le otorgaron la medida sustitutiva que, por cierto, es justamente eso, es decir una sustitución de la orden de prisión preventiva que pretende, entre otras cosas, evitar que los sindicados tengan oportunidad de facilitar la destrucción de pruebas en su contra.
Pero como vivimos en un mundo al revés, en el caso de Sandra Torres no importaron los audios en los que se le escuchaba planificar con “Gustavito” ni se tomó en cuenta que a él y a “Sandrita” lo que les urge realmente es meter las manos en la elección de las Cortes.
