Poco después de haberse hecho fotografiar con la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, el Fiscal General y Secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, fue señalado por mil 100 exfiscales de ese país que lo critican fuertemente por haber puesto a todo el Departamento de Justicia al servicio de los intereses políticos y personales del presidente Trump, exactamente lo mismo que hizo en Guatemala su colega cuando colocó al Ministerio Público al servicio de los intereses políticos y personales de quien la nombró, Jimmy Morales.
El mismo Barr reconoció la semana anterior que los mensajes en redes sociales del Presidente no lo dejan trabajar porque interfiere constantemente con las funciones del Departamento de Justicia, convertido en instrumento de la agenda política del gobernante, no sólo para defender y debilitar las acusaciones en contra de sus amigos que fueron parte de los arreglos con Rusia para interferir en la elección pasada, sino también para perseguir a exfuncionarios que fueron los encargados de investigar esos acuerdos y arreglos entre allegados a Trump y el Kremlin.
Lo mismo, exactamente, que ha ocurrido en Guatemala, donde el Ministerio Público es sumamente ágil para armar casos en contra de quienes habían investigado a Morales y terriblemente lento para investigar situaciones tan claras como el almuerzo en Jalapa donde el expresidente departió, con almuerzo de gallina en crema con loroco y tragos de por medio, con los que se hacían pasar por enviados del Cártel de Sinaloa en busca de facilidades que les pudiera ofrecer el Estado de Guatemala para el trasiego de narcóticos. Y eso para citar sólo el caso más burdo.
Es obvio que todos los funcionarios deben tener lealtad a los gobernantes, pero nunca deben permitir que esa lealtad sea superior a la que le deben al ordenamiento constitucional que define sus obligaciones, especialmente cuando tienen que ver con el tema de la justicia que no se debe sesgar maliciosamente.
La carta de los mil 100 exfiscales federales de los Estados Unidos ha captado la atención de la opinión pública porque expresan la necesidad de que el Departamento de Justicia se aparte de las maniobras politiqueras que destruyen el concepto mismo de su función esencial y los firmantes, todos ellos destacados juristas que dedicaron su vida a la investigación y la persecución penal, le piden y exigen formalmente que renuncie al cargo por el daño que su gestión ha hecho a la institucionalidad y al cumplimiento de las obligaciones constitucionales asignadas a quien debe sustraerse de intereses políticos.
