Factor Méndez Doninelli
En Guatemala diferentes sectores, diputados, organizaciones sociales, juristas, políticos y representantes de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), están manifestando preocupación y oposición a las reformas a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que el 12 de febrero tras una maniobra opaca 82 diputados del Congreso Nacional aprobaron. Dichas reformas están contenidas en el Decreto 4-2020, que ahora está en manos del Poder Ejecutivo para que el presidente Alejandro Giammattei lo apruebe o lo frene. El día del beneplácito al citado Decreto, los diputados oficialistas votaron a favor de aprobar las reformas, entonces parece difícil que el presidente decida vetarlo, es lo deseable pero difícil de lograr.
Sostengo lo anterior, porque el presidente Giammattei ha sostenido antes, que hay algunas ONG que se dedican a promover actos terroristas que desestabilizan y debilitan la gobernabilidad. Ha dicho también, que dispone de 15 días para analizar las reformas y hacer consultas para decidir si sanciona o veta el Decreto 4-2020.
Quienes se oponen a las citadas reformas argumentan que las mismas contienen inconstitucionalidades, que violan derechos humanos (DD. HH.) y libertades fundamentales, como las de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica. En tal sentido, ya se iniciaron las primeras acciones legales, representantes de Acción Ciudadana (AC) presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de amparo en contra de tales reformas.
La preocupación de los sectores opositores a las reformas es razonable. En Guatemala, el Estado criminaliza las luchas sociales, se persigue y reprime a los defensores de DD. HH., del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, ahora con estas reformas aprobadas se continúa vulnerando DD. HH. y libertades ciudadanas.
Analistas nacionales estiman que las redes de corrupción e impunidad que tienen cooptado el Estado, empujaron la aprobación de las reformas cuestionadas pues otorgan al Estado facultades para ejercer control sobre las ONG, intervenir en sus proyectos y hasta cancelar a las organizaciones cuando consideren que la acción organizada molesta a sus intereses.
En otras palabras, lo que quieren los corruptos es callar a las organizaciones sociales que son la conciencia crítica de la Nación por hacer auditoría social, por denunciar los abusos y violaciones a DD. HH., por exigir transparencia y probidad en el manejo de fondos públicos, por defender los derechos de los pueblos indígenas, por proteger el territorio, la vida, los recursos naturales, por buscar verdad y justicia, por luchar a favor de los valores democráticos, por la defensa de la constitucionalidad, por la República Plurinacional, multiétnica y el pleno respeto a los DD. HH.
Como se dice coloquialmente, los señores del poder no quieren pelos en la sopa, ni piedras en el zapato, mucho menos obstáculos en su camino. Quieren mesa limpia, autoinvestirse de poder absoluto, crear normas autoritarias, antidemocráticas y regresivas, típicas de Estados policiales, regímenes autoritarios de mano dura.
En Guatemala, las élites neoliberales acompañadas por la clase política corrupta, los testaferros y lacayunos, seguirán usando al Estado y sus recursos para favorecer sus proyectos, satisfacer intereses personales y gremiales, dando la espalda al bien común. Para eso aprueban normas regresivas y represivas, como el cuestionado Decreto 4-2020.
