Raúl Molina
La demolición del Estado de Guatemala, realizada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la complicidad del CACIF y las fuerzas armadas y la tolerancia, cuando no el estímulo, de Washington, ha hecho que, el nuevo gobierno arrancara a la sombra de la dictadura de la corrupción y cogido en la maraña del Pacto de Corrupción. A Giammattei le entregaron un Estado fallido, colonizado, caótico y saqueado, con compromisos de todo tipo con los sectores poderosos: un pacto con Trump sobre el fenómeno migratorio, el ACA, nunca conocido en el país y con anexos en borrador; retrógradas leyes y medidas legislativas que fueron aprobadas precipitadamente en los días finales de la legislatura 2016-2020; proyectos de ley de carácter regresivo, represivo y no ético; nombramientos antojadizos de diplomáticos que no son de carrera; plazas fantasma por doquier; arcas vacías que obligan al nuevo gobierno a endeudarse; coimas y regalos a las fuerzas armadas; contrataciones millonarias; y compromiso de pago a organizaciones cooptadas y las ex PAC.
Las acciones del Congreso muestran claramente que el sistema político no ha reconocido que la ciudadanía está harta de las maquinaciones de ese organismo. La “bancada oficial” que se ha formado, principalmente, con los partidos FCN-Nación, VAMOS, TODOS y UCN, heredó los trucos de la legislatura anterior y se apoderó de la Junta Directiva. El día 11 de febrero dieron su zarpazo ideológico. Plenamente convencidos de que las acciones que planifican serán rechazadas por la ciudadanía, el nuevo Pacto de Corrupción se ha propuesto maniatar a las ONG, para que no puedan ser fuente de apoyo para la organización y acción social. La que yo llamo “ley camisa de fuerza” fue aprobada en forma manipulada y ha sido enviada al Presidente para su ratificación. El rechazo a esta ley ha sido inmediato y contundente. Con sobradas razones se ha demostrado que restringe y viola derechos humanos esenciales y libertades fundamentales. Varios legisladores, el Procurador de Derechos Humanos, y muchas organizaciones, contando con el análisis hecho por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y múltiples opiniones calificadas, piden a Giammattei que vete la ley. Si bien esta medida es pertinente, aunque por ahora el Presidente solamente ofrezca “analizar la ley”, será mucho más importante declarar su inconstitucionalidad, para que no resurja como el ave Fénix, en un momento de mayor cohesión de las fuerzas deshonestas. En todo caso, más allá del debate jurídico, que se puede o no ganar, es muy importante que la sociedad civil se organice y salga a la calle, porque vendrán otros engendros legislativos que pretenderán quitarle al Pueblo su protagonismo para lograr cambios. Personalmente, creo que estos días debemos tomarnos la Plaza de la Constitución, no vestidos de blanco, como suelen hacerlo los sectores conservadores, no de negro, que es color de luto, ni el color azul de la bandera nacional, porque también lo utilizan los grupos fascistas. Sugiero que utilicemos el rojo, símbolo de la lucha, o multicolor, que refleja nuestra gran diversidad.
